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l concejal de la UCR de Larroque, Francisco Benedetti, y la presidente del Comité UCR, Silvia González, fueron absueltos de culpa y cargo en el juicio que les realizó el intendente Raúl Riganti por calumnias e injurias. La querella fue desestimada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú a cargo de la jueza Alicia Vivian mediante un fallo dictado este lunes. El intendente de Larroque, Raúl Riganti (FpV), y el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, iniciaron un juicio por calumnias e injurias a González y Benedetti en septiembre de 2013 por declaraciones que realizaron a distintos medios periodísticos. Dichas declaraciones estuvieron relacionadas con la denuncia contra Riganti que efectuaron en la Fiscalía de Gualeguaychú sobre posibles negociados con terrenos en el área industrial, causa que está en trámite. Los dirigentes radicales celebraron la resolución judicial “que ha sido muy esperada por la importancia que tiene la libertad de expresión de dirigentes, periodistas y ciudadanos, en medios de comunicación, sobre todo cuando están vinculadas a la conducta de funcionarios públicos. La Justicia entrerriana ha fallado acorde a precedentes de la Corte Suprema dándole un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión”, sostuvieron en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. Mientras tanto sigue el proceso judicial por la denuncia penal que González y Benedetti presentaron el 2 de septiembre de 2013 ante la Fiscalía Nº1 de Gualeguaychú contra el intendente y el secretario de Gobierno de Larroque por “negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La UCR de Larroque denunció penalmente a Riganti porque “firmó un convenio con un particular por el que le permitió comprar, con el objetivo de subdividir para viviendas, un lote afectado al área industrial. El municipio autorizó por ordenanza a subdividir en lotes de 200 m2 un terreno que hasta entonces podía dividirse en lotes no menores a 10.000 m2. Este acuerdo permaneció en secreto hasta que ese privado firmó la escritura respectiva, lo que le permitió pagar a bajos valores una fracción de 22.000 m2 para uso industrial. La modificación de la ordenanza que propuso el intendente permitía al nuevo propietario lotear terrenos de superficie 50 veces menor que lo establecido, y a su vez lo autorizaba a construir viviendas”, recordaron desde la UCR. Luego de presentada la denuncia, el intendente vetó la ordenanza, que él mismo había enviado a los concejales, pero el radicalismo siguió adelante con el proceso.