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e la redacción de INFORME DIGITAL El plenario de representantes del Movimiento Yrigoyenista Entrerriano, compuesto por delegados de todos los departamentos de la provincia, se reunió este sábado en el comité radical de la ciudad de Villaguay, donde dejó conformada su nueva mesa de conducción. Los delegados ratificaron a Jorge Lacoste en la presidencia de la mesa ejecutiva, que la integran además Hugo Lesca, Miguel Rettore, Raymundo Kisser, Cristian Fernández, Alberto Rotman, Juan Carlos "Cholo" Aguirre y Ricardo Rodríguez. En el plenario se autorizó a la mesa a abrir una “ronda de diálogo con todos los grupos internos y con la juventud radical para discutir el futuro de la UCR , bajo la consigna de construir un amplio espacio político ‘a la entrerriana’ que sea capaz de ponerse al frente de las nuevas demandas de nuestra sociedad”. En ese marco, los yrigoyenistas pusieron como foco diagramar un plan de acción para su desarrollo territorial, en la interna de la UCR y el contacto on otros partidos y sectores sociales. Por último los Yrigoyenistas aprobaron un documento en el que exigen a la justicia que investigue a los funcionarios del Estado entrerriano por el caso de las cosechadoras. Bajo el titulo “No se gobierna favorenciendo a los amigos del poder”, hicieron un rápido repaso del caso que tiene como protagonista al gobierno entrerriano, el nacional y la empresa Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A. “El gobierno no solo debe reconocer que los entrerrianos hemos sido damnificados por pseudos empresarios que prometían fabricar cosechadoras. Debe dar una respuesta ante un manejo sospechado de corruptela, en cuanto el otorgamiento de créditos se refiere, desde la propia gestión provincial. Es evidente que no hubo el adecuado y serio control previo en el otorgamiento de los préstamos, que en realidad hoy tiene más tufillo de subsidios y solo para realizar anuncios espectaculares, pretendiendo mostrar lo que no existe, ni existiría”, señalaron. “Aquí lo importante lo constituye cómo se manejó este supuesto emprendimiento. Se pretendió hacer creer a los entrerrianos y también al país, que con audaces que no tienen capital de respaldo y con antecedentes nefastos, como es lo que ocurrió en Formosa, se podrían fabricar cosechadoras, y tan luego para su exportación. Esto denota una irregularidad en el manejo de los dineros públicos sin precedentes y resulta necesario que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios”, sostuvieron luego. Y finalizan exigiendo a la Justicia que actué “como consecuencia de la denuncia realizada por el Dr. Guillermo Mulet”. También remarcaron que no se encuentre “ningún límite para investigar la formas, razones, fundamentos y previsiones que se debieron tomar para el otorgamiento de estos créditos o subsidios y especialmente se verifiquen las garantías que se exigieron al concederse los mismos, en cuyos otorgamientos debería haber tomado intervención el Ministerio de la Producción, el cual se encuentra a cargo, según se dice, de un experto en este tipo de emprendimientos y su financiación”. Por último también indicaron que existe una “alta cuota de responsabilidad en el manejo de estos créditos o subsidios en los organismos de control previo que tiene la Provincia, llámese Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia y, desde luego, hay un control posterior a cargo del Tribunal de Cuentas; sin descartarse el debido control a cargo de la Legislatura Provincial, porque para ello tiene facultades”. “Todos ellos deben dar cuenta a los entrerrianos de sus responsabilidades, porque los dineros públicos no están destinados para desplegar fantasías como se ha dado en el caso de “las cosechadoras entrerrianas”, cerraron. Frigorífico San José y Cotapa Los yrigoyenistas también alertaron sobre los casos de otras dos empresas que están complicadas y con riesgos de cerrar sus puertas. Advirtieron sobre el uso de los préstamos de $90.000.000 que la Provincia otorgó al Frigorífico San José y “los importantes montos que entregó a COTAPA y que ahora, aparentemente, estas empresas se estarían vendiendo, pero nadie habla de la restitución de estos dineros al Estado Provincial”. “Estos créditos otorgados con alguna ligereza y sin las previsiones del caso, perjudican a los entrerrianos quienes están necesitados de infraestructura vial, educación, salud, seguridad, para solo mencionar algunas carencias”, concluyen.