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ras casi doce horas de debate y más de 40 oradores, la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo al que arribó el gobierno argentino con la española Repsol por la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF, que en las próximas semanas deberá ser debatido en la Cámara de Diputados para que sea convertido en Ley. El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones, luego de más de once horas de debate. La sesión comenzó a las 13:25 y el oficialismo confiaba en aprobar la iniciativa con votos propios, aliados y del Movimiento Popular Neuquino (MPN), mientras que la UCR y FAP-UNEN votarían en contra, y el Peronismo Federal optaría por la abstención, al igual que el PRO. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo avala el acuerdo por el cual el Gobierno compensará a la petrolera española con 5.000 millones de dólares más intereses, por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. La UCR y el interbloque FAP-UNEN votó en contra por considerar que YPF no fue correctamente tasada y que por ello no es exacto el monto de 5 mil millones de dólares que la Argentina pagará a Repsol como compensación. El argumento del oficialismo es que se trató de un acuerdo "amigable" y que por ello el veredicto del Tribunal de Tasaciones no es un elemento de relevancia para fijar un precio. De la expropiación al resarcimiento En mayo de 2012, el Congreso sancionó la ley que declaró de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y dispuso la expropiación del 51% de las acciones que Repsol poseía en YPF, recordó Infobae. A partir de allí, la dirección de la empresa española inició una serie de reclamos en tribunales de Nueva York y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), donde reclamó una compensación de u$s10.500 millones por su participación. Pero en noviembre último se anunció un preacuerdo para definir la compensación, que terminó de definirse hace un mes a través de la entrega de títulos públicos por u$s5.000 millones en títulos públicos, más otros mil millones adicionales para compensar diferencias de cotización. Al mismo tiempo, las partes se comprometieron a dejar de lado los reclamos judiciales iniciados tanto en tribunales nacionales o internacionales.