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e la redacción de INFORME DIGITAL Las centrales que nuclean a los trabajadores estatales de la provincia, ATE y UPCN, desarrollan este viernes la jornada de paro anunciada el lunes, los secretarios generales Miguel Pelandino y José Allende, respectivamente, y ratificada el martes, luego de los encuentros mantenidos por los dirigentes gremiales con funcionarios del gobierno provincial. A ellas se suma la regional entrerriana de la CTA, otro de los sindicatos señalados por opositores internos como afines al gobierno, que lanzó este jueves la convocatoria a un paro para este viernes, tomando como eje el repudio al “accionar del gobierno pretendiendo cercenar el derecho de los trabajadores docentes a realizar asambleas”, como afirma un comunicado de la entidad. Luego de efectuar la huelga del viernes, los gremios van a una nueva reunión con el gobierno el martes próximo, en espera de una propuesta superadora de las rechazadas a principios de semana. Las ofertas del gobierno de Urribarri comenzaron el viernes 14 con la propuesta de un aumento del 25 por ciento anual dividido en dos tramos: un 14 por ciento desde marzo y un 11 por ciento desde octubre, con un sueldo mínimo de 3.700 pesos. Inmediatamente rechazado el ofrecimiento por los representantes de los trabajadores, y una vez anunciado el plan de lucha que consistiría en asambleas en todos los lugares laborales y el paro de 24 horas, el gobierno ofreció nuevos números. El martes propuso un cambio en los tramos, manteniendo el mismo porcentaje de 25%, pero ahora desdoblado en 16% en marzo y 9% en agosto, llegando a $4000 el salario mínimo. Esto tampoco cumplió con el reclamo de los trabajadores, quienes ratificaron el paro que llevan a cabo este viernes y realizaron asambleas durante martes y miércoles. Por su parte, CTA Entre Ríos llamó a sus afiliados a parar en solidaridad con los docentes que están luchando a su vez por mejoras salariales. A partir de las 19, se hará una concentración y marcharán con antorchas desde la esquina de Laprida y Buenos Aires hacia la Casa de Gobierno junto a la seccional de AGMER Paraná. La medida parte del repudio a la prohibición de efectuar asambleas en las escuelas que la Justicia impuso a los maestros a través de la jueza Gladys Pinto, quien llamó a abstenerse de adoptar “cualquier otro tipo de medidas” en el plazo que dure la conciliación obligatoria. La CTA sostiene que la disposición “atenta contra la libertad y democracia sindical como asimismo contra derechos constitucionales” y que “para los trabajadores a lo largo de la historia estos derechos no han sido fáciles de conseguir, por lo que no permitiremos un retroceso en derechos adquiridos”. “El avasallamiento a las garantías constitucionales pone en grave riesgo a los trabajadores al verse desprotegidos en conquistas que a lo largo de la historia del movimiento obrero fueron conseguidas mediante la lucha y la muerte de muchos compañeros” agrega el comunicado de la central, y afirma: “no permitiremos que el ajuste lo paguen los trabajadores de los distintos sectores del estado y la salud y los que menos tienen”.