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n la Justicia entrerriana parece haber consenso sobre la necesidad de un nuevo Código Penal nacional, a partir del anteproyecto presentado recientemente, que en las últimas semanas ha sido objeto más de polémicas mediáticas que de un debate serio. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, manifestó que “una sistematización de lo que hoy es un conjunto de leyes penales es imprescindible”. La magistrada también se refirió a la posibilidad de que la Justicia provincial ataque la venta de droga al menudeo. Por su parte, el vocal del STJ Carlos Chiara Díaz afirmó que el anteproyecto es constitucional y “debe ser tratado en el Congreso”, al tiempo que criticó a “quienes, carentes de escrúpulos, se dedicaron a criticar sin leerlo”. “Una sistematización de lo que hoy son un conjunto de leyes penales, es imprescindible. Nos está faltando un Código Penal que tenga un tratamiento sistémico para los distintos bienes jurídicos protegidos por cada norma, y armonizar esos bienes jurídicos en cuanto a su valor con las penas. Pero lamentablemente, esto de darle un cariz tan partidario estropea la posibilidad de una discusión seria”, lamentó la presidenta del STJ, según publicó Uno. Sobre la discusión del tema, opinó: “La Argentina tiene sus tiempos, y a veces las coyunturas electorales estropean la oportunidad de construir consensos. Todo código y sobre todo el Código Penal es una política de Estado y significa consensos, sino la norma no tiene validez, no está legitimada en la sociedad, por más que sea una ley. Es muy importante construir consenso político de todos los responsables de los distintos poderes, representados con sus diferentes expresiones, queriendo dar una discusión”. Eliminación de perpetua y reincidencia Respecto a la eliminación de la prisión perpetua y la eliminación de la reincidencia como agravante opinó: “Se habla de la prisión perpetua, que en nuestra provincia no se aplica ni se aplicó desde la adhesión a los tratados internacionales, en la época de Alfonsín. En Entre Ríos se impone la prisión perpetua porque está prevista en una norma, pero no es lo que la gente imagina, que es de por vida, que no sale más. Eso no existe, la prisión siempre tiene que tener un límite temporal para que no sea similar a una muerte. En una época se había fijado en 25 años, y después cuando se aumentaron los montos de las penas por la ley Blumberg, fueron 35 años”. “Creo que la reincidencia es un tema muy opinable. Hay autores que piensan que es inconstitucional, que se hace un doble juzgamiento, yo no lo considero así, otros consideran que es constitucional y que puede haber conveniencia de aplicarla en determinado momento: al aplicarle la pena, hacer una valoración sobre el desapego que la persona ha demostrado sobre la norma, que no lo constriñe como al resto de la sociedad. En nuestra provincia no se ha considerado inconstitucional. La aplicación de la reincidencia conlleva la pérdida de determinados beneficios de la progresividad de la pena. Entonces decimos que no está mal aplicarla como agravante, pero cuando ese condenado esté en oportunidad de gozar de uno de los beneficios que le correspondería y se ve impedido solo porque se le ha aplicado la reincidencia, lo puede plantear y remover el obstáculo”, consideró. Consultada respecto a si un nuevo Código Penal así como nuevas leyes penales, tendrían incidencia en la inseguridad y le cambiarían algo a la persona que va a sufrir el robo de una moto, Mizawak fue enfática: “No. No va a significar una disminución de la cantidad de delitos, ni una mejor percepción de la sociedad de lo que se denomina una sensación de seguridad o inseguridad. Hay países, como Estados Unidos, que tienen pena de muerte y tienen las cárceles abarrotadas de delitos aberrantes. No es matemático ni directamente proporcional. Pero sí es un mensaje a la sociedad en cuanto a premios y castigos, lo que la sociedad también nos está reclamando. Se advierte que no hay una decisión clara entre los mensajes sobre las conductas reprochables que merecen castigo, y las conductas que aportan y construyen una sociedad y merecen premios”. Luego fue consultada sobre su análisis respecto a la situación preventiva en la provincia, tanto primaria (inclusión social) como secundaria (fuerzas de seguridad): “En los dos órdenes hay que trabajar muy seriamente. Acá no tenemos problemas de una policía severamente cuestionada y sospechada, como decir la “maldita policía”, donde sistemáticamente tiene procederes contrarios a la ley, que se bajan desde importantes niveles de conducción y tenga vinculación seria con las bandas delictivas. Pero sí hay que trabajar mucho inclusión social, mejoramiento de valores, desde la casa, al familia, la escuela, desde muy pequeños”. Combatir el narcomenudeo El año pasado, el Senado propuso a la Justicia que Entre Ríos adhiera a la Ley nacional de Estupefacientes para atacar la venta de droga al menudeo, que hoy es jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal. Al respecto, Mizawak opinó: “La solución no es lisa y llanamente desfederalizar. Si a nosotros mañana nos pasaran toda la competencia de venta al menudeo, terminaríamos abarrotados y sin posibilidad de dar una respuesta cierta y efectiva. Esto amerita otro análisis: la Policía de la provincia está más cerca del vecino que la Federal, que creo que está bastante raleada en cuanto a la cantidad de efectivos. También pienso que para llegar al menudeo tenemos que dar un buen tratamiento al tráfico grande y al ingreso de la frontera. Si no nos cierran el paso del norte entrerriano y el paso fronterizo a otro país, con una Gendarmería que no deje pasar nada, sí vamos a poder atender al menudeo, pero si esto es un colador que entra todo vamos a estar saturados”. “Lo que el procurador (Jorge García) sugirió es que la Justicia Federal actúe con colaboración de la provincial para el primer momento, que es el allanamiento y el secuestro. Sobre eso se puede profundizar y trabajar. Pero tendrían que poner recursos para la investigación previa”, explicó.