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epresentantes de 31 empresas que están dentro del programa del gobierno Precios Cuidados comenzarán a circular por oficinas oficiales desde esta semana, ante un nuevo pedido gubernamental: extender el congelamiento de precios por tres meses más y que, como mínimo, dure hasta fin de junio, en lo posible con los mismos valores que hasta hoy, o con alteraciones poco importantes. Para el equipo económico de Axel Kicillof, Precios Cuidados es un éxito y debe ampliarse además, pasando de los 184 productos actuales a no menos de 400, sólo contabilizando los artículos que se comercializan en súper e hipermercados. Cree además el Ministerio de Economía que lo fundamental para que haya voluntad de los empresarios en prorrogar el acuerdo, es mostrarles a los privados la voluntad del Ejecutivo de analizar la estructura productiva y distributiva de cada producto. Además, pretenden demostrar que las alteraciones de los costos que mencionan las compañías no serían tales, y que no habría mayores problemas de parte de toda la cadena de fabricación y comercialización para sostener el acuerdo por tres meses más. La Secretaría de Comercio, a cargo de Augusto Costa, mencionaría además la voluntad del Gobierno de aplicar el flamante menú de sanciones aprobado la semana pasada y que llegan a clausuras y multas de hasta 5 millones de pesos; obviamente, para casos extremos. La intención oficial es cerrar el acuerdo de precios antes de que comience la temporada de negociaciones paritarias a pleno y los ejecutivos de empresas tengan la argumentación perfecta para reclamar nuevos valores del Precios Cuidados, ahora sí, con subas de costos avaladas por el Gobierno, como los aumentos salariales. La convicción de Kicillof, Costa y el resto de los encargados del Precios Cuidados es que la excusa de los aumentos de costos es una idea de los privados de "quedarse con una porción del aumento de la riqueza de los últimos años, produciendo una puja distributiva para apropiarse de un mayor porcentaje de los ingresos del éxito del modelo", según la definición de un integrante del equipo económico a este diario al hablar sobre la voluntad de continuar con el congelamiento de precios. En este sentido, desde el Palacio de Hacienda comenzarán a circular desde fines de esta semana y comienzos de la próxima algunos de los mayores actores que integran el listado de empresas del Precios Cuidados para presionar por la extensión del programa y el sostenimiento de los precios negociados desde fines de 2013. Entre otras compañías, visitarán a los funcionarios (solos o desde las cámaras que los agrupan) Arcor, Molinos, Quilmes, Pepsico, Coca Cola, Unilever, Procter & Gamble, AGD, Ledesma, Clorox, Quickfood, Sancor y Mastellone, entre otros. Se sumarán además, en reuniones paralelas, Carrefour, Jumbo, Coto, Walmart y La Anónima, representantes de las empresas transportistas y algunos proveedores de insumos críticos para los productores, como los fabricantes de envases y de materias primas. En este último caso, sólo cuando desde Economía se detecte que se trata de proveedores monopólicos o semimonopólicos. En el escritorio de Costa, cada empresa será recibida con estudios y "papers" realizados desde enero por los funcionarios de la secretaría, donde se especifica que según los datos obtenidos en este período de tiempo no se justificarían los pedidos de aumentos de precios. Al menos no en los niveles que reclaman los fabricantes, especialmente los productores de alimentos y bebidas. También en el mismo escritorio figurarán detalladamente las leyes que el gobierno podría aplicar, comenzando por la de Defensa de la Competencia. En la visión de Economía, que aplicará la ley a través de la secretaría de Costa, el hecho de no abastecer las góndolas o aumentar los precios no respetando los valores del listado firmado y presentado el lunes 6 de enero pasado violaría ese artículo. Luego, se estaría alterando además el punto número 2 de la norma, que menciona que también está prohibido "fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes al que se ofrecen o demanden en el mercado" o "establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes". Siguiendo la letra fina de la ley, con no entregar mercadería o reducir la producción o la distribución de ésta se estaría violando la norma. La sanción mínima que autorizaría la aplicación de la ley comienza por una multa que consiste en que la empresa afectada deberá pagar todo el beneficio que haya obtenido por la "actividad prohibida", más un monto que puede ir de los 10.000 pesos a los 5 millones de pesos, según lo reglamentado vía el Boletín Oficial la semana pasada. En el caso de las compañías que hayan subido precios, deberían pagar el diferencial entre el aumento y el valor firmado en el acuerdo de precios del 6 de enero, más un monto que la Secretaría de Comercio determine. Por ahora, en el caso de las 31 empresas en la mira de Kicillof, ésta sería la sanción en mente, publicó Ámbito Financiero.