E

l nivel de deuda pública habría terminado a fines de diciembre algo por arriba de los u$s200.000 millones, pese a que el Gobierno destinó en los últmos seis años más de 45.000 millones de reservas para pagar vencimientos. La estrategia deliberada de haber dejado apreciar el valor de la moneda nacional hasta fines de 2013, porque el aumento del tipo de cambio se ubicó muy por debajo de la tasa de inflación, le posibilitó a la Secretaría de Finanzas mostrar una sostenida baja en la relación de deuda pública con el PBI a 43,6 por ciento. De ese total, la Presidente anunció en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional que 10% estaba constituida con acreedores del resto del mundo. Pero el desendeudamiento del sector público, entendido no tanto por la disminución de los compromisos en pesos y dólares sino por la reducción de la proporción en términos de la capacidad de generación de riqueza del país, tuvo un giro a partir de enero último, cuando el trío Capitanich, Kicillof y Fábrega decidió recortar el atraso cambiario en un 25 por ciento. Es que al subir el tipo de cambio por dólar la valuación del PBI en un año en moneda extranjera se contrajo de 462.000 millones de dólares a 350.000 millones, mientras que la deuda pública equivalente en divisas se achicó en menor medida, de 202.500 a 182.500 millones, porque sólo impactó al 41% constituida en pesos. De ahí que en valores relativos se elevó a 52,1% del PBI, con lo que se aproximó al 53,7% que representaba en el último mes de la convertibilidad fija de un peso por dólar. Además, la deuda bruta sería u$s45.000 millones más alta si no se hubiera utilizado ese monto de las reservas para cancelar vencimientos, ante la persistencia del Gobierno de mantenerse fuera del mercado internacional de deuda, y la incapacidad de la Secretaría de Hacienda para generar superávit fiscal, pese a que la presión tributaria se elevó en diez años en diez puntos del PBI. También habría que agregar el efecto de la emisión de 3.500 millones de dólares que Economía decidió para pagar parte de la expropiación de las acciones que Repsol tenía de YPF, aunque todavía no fue aprobado por el Congreso Nacional. Adicionalmente, habría que sumar la deuda en default no considerada con el Club de París y con los holdouts, las cuales sumarían en términos netos unos 15.000 millones. Se llegaría así a un endeudamiento del conjunto del sector público de más de 240.000 millones, equivalente a 69% del PBI, la más alta desde 2005, luego del primer canje de deuda. Serie demorada El último dato oficial corresponde al 30 de junio de 2013, con 196.100 millones de dólares, y se componía por 58.400 millones de deuda externa y 137.800 millones de obligaciones internas. En el primer caso se elevó poco más de 70.000 millones desde la licuación de los u$s191.300 millones que provocó el primer canje de los títulos declarados en cesación de pagos en septiembre de 2005 a u$s125.400 millones. Desde entonces el gobierno nacional siguió lo que denominó "política de desendeudamiento", consistente en cancelar vencimientos con el resto del mundo, principalmente con el uso de reservas del Banco Central. Sin embargo, de la estadística de la Secretaría de Finanzas surge que los compromisos del sector público con acreedores del exterior se mantuvo en torno a 60 mil millones de dólares, y la interna escaló en forma sostenida desde 60 mil millones a fines de 2001 a 137.800 millones dólares a fines de junio de 2013. Además, de acuerdo con la estacionalidad, la deuda pública total habría terminado el último año en torno a 202.500 millones, la cual comparada con un PBI de 462.000 millones arrojaba una proporción de 43,8 por ciento. Ahora el PBI es sustancialmente menor, por la suba del tipo de cambio oficial, y mucho más bajo si se hiciera la conversión a la paridad implícita en las autorizadas operaciones bursátiles entre bonos que cotizan en pesos y dólares, la cual coincide con la que rige para gastos de turismo en el exterior. Mientras que la deuda es claramente más alta, no sólo por la anunciada regularización de la relación entre YPF y Repsol, sino por pasivos contingentes con acreedores afectados por el default.