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l juez de Garantías, Alberto Funes Palacios dio lugar al planteo de un real el peligro de entorpecimiento de la investigación si los uniformados recuperaban su libertad. Dispuso que sigan detenidos por 60 días más en la Unidad Penal de Federal y fundamentó su decisión con duros cuestionamientos al accionar policial durante los días 8 y 9 de diciembre. En ese marco, para el juez Funes Palacios “existió una coordinación en la toma (de la sede Departamental de Policía), ya que el lugar donde ingresaron era una Jefatura y no una iglesia”, al tiempo que subrayó que por esa forma de reclamo “los ciudadanos comunes tuvieron que convertirse durante esos días en algo que no eran, armándose y formando barricadas para protegerse”, consignó Diario Río Uruguay. El magistrado anticipó que a futuro “puede haber una pena efectiva” y dijo que “de recuperar la libertad, nada nos hace pensar que no se alzarían contra el poder Judicial como lo hicieron con el Ejecutivo”. Para la autoridad judicial, “es difícil no observar la vinculación entre la toma de la Jefatura y la instigación a los robos y saqueos, a no ser que seamos jueces distraídos”, acusó Funes Palacios y aseveró que existen indicios “serios de que se liberaban zonas del a ciudad para que haya muertes, robos y la situación de zozobra” que reinó en todos los ciudadanos concordienses durante esas horas. En ese marco se refirió a la toma de la radio del Comando Radioeléctrico asegurando que “no se podía dar auxilio a los vecinos que llamaban” y enfatizó que la imputación del fiscal “es clara y precisa. Todo el grupo intervino y cada uno dominó parte de la acción”. “Hay rastros de violencia con la que se ingresó a la Jefatura y prueba de ello es el robo al CPU donde se guardan las filmaciones de las cámaras”, mencionó. Además les aclaró a los imputados y a sus defensores que “para la sedición no es necesario portar en ese momento armas, sino que se tenga acceso”. Sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Urribarri y un grupo representante en la noche del lunes 9 de diciembre, Funes Palacios fue claro al decir que “el acuerdo es nulo” y lo justificó leyendo el artículo 4 de la Constitución entrerriana en donde se refiere a la sedición. En los párrafos finales, el juez consideró que existen “caminos alternativos para el reclamo salarial”, donde si el gobierno provincial acordaba “difícilmente teníamos una ciudad pacífica el 9 a la noche” y observó que “este es el iceberg de una serie de ilícitos que se cometían y sería imposible que los agentes les expliquen (por ejemplo) a los vecinos de calle Diamante porqué los desprotegieron”.