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La Secretaría de Comercio Interior ha labrado 31 actas de infracción a la Ley 22.802 de Lealtad Comercial. Lo ha hecho en electrónica, electrodomésticos", aseguró Capitanich en su contacto diario con la prensa en Casa de Gobierno.
La acción del Poder Ejecutivo recayó sobre las cadenas que comenzaron a remarcar sus precios la semana pasada tras la devaluación del peso, que abruptamente saltó hasta los 8 pesos. El viernes, cuando aún no había referencia del valor de la moneda norteamericana, muchos locales decidieron retirar los precios de sus mercaderías y hasta se negaban a vender productos.
"El esfuerzo que estamos haciendo nosotros con todas las cadenas de valor tiene que ver con lo que vemos como un ardid, impulsado por comerciantes inescrupulosos que pretenden afectar el poder adquisitivo de las familias", argumentó el funcionario. Sin embargo, al ser consultado por los periodistas presentes acerca del nombre de esas empresas, indicó: "La Secretaría de Comercio seguramente lo publicara oportunamente".
Capitanich también habló de variaciones "injustificadas" en el precio del cemento y de los combustibles, sector en el que están trabajando el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. En un breve apartado de la conferencia, el hasta hace poco gobernador de Chaco aprovechó para desmentir que el sucesor de Guillermo Moreno haya sufrido un ataque de pánico como había circulado. "Está muy bien de salud", puntualizó.
A modo de ejemplo, el jefe de Gabinete explicó que en los últimos días encontraron "empresarios y empresas dominantes en el mercado que fijan un precio de referencia y sacan sus utilidades aumentando el costo de flete", que "fijan un precio y establecen descuentos diferenciales o estrategias engañosas para desabastecimiento", que "no venden por una empresa y crean otra paralela", que "interrumpieron unilateralmente los créditos comerciales" o que "fijaron sus precios en dólares".
"Hemos identificado las maniobras, recibimos las denuncias y estamos actuando a través de la cadena de valor", sostuvo. En ese sentido, señaló que ha habido "un respeto en el nivel de precios" del programa "Precios Cuidados" con un incumplimiento del "1,5% o 1,8%". Sin embargo, reconoció que se registraron importantes problemas de desabastecimiento en distintos supermercados.
Por eso, Capitanich indicó: "A los consumidores, a todos ustedes, a los habitantes de nuestro pueblo argentino: los consumidores somos los que tenemos que defender la política de precios. Es una responsabilidad colectiva. Por eso es que hemos convocado a los ministros de las provincias e intendentes porque queremos que el proceso de fiscalizaciones se extienda con la participación de gobiernos e intendentes para que se cumpla el acuerdo".
Al ser consultado por los periodistas presentes respecto a las posibles medidas que el Gobierno podría tomar para sancionar a las empresas e impedir aumentos injustificados, el funcionario enumeró cuatro: "Multas, clausuras, importaciones o el retiro de beneficios de las políticas públicas como los préstamos a tasas subsidiadas".
Capitanich consideró además que "ningún empresario puede argumentar que no exista una política cambiaria con estabilidad" y advirtió que "se pretende azuzar desde usinas de rumores y medios de comunicación la existencia de otro tipo de cambio vinculado al narcotráfico".
"(La existencia de) puntas vendedoras y compradoras tan dispares es una operación pretendiendo generar presión psicológica", señaló, respecto a la diferencia que existe entre la cotización del dólar libre para la venta ($12,50) y para la compra ($11).
Por último, el jefe de Gabinete volvió a apuntar contra compañías y empresarios: "Da vergüenza la actitud antipatriótica que tienen. Cuando aumenta el tipo de cambio oficial, por las dudas aumentan (los precios). Si observan que hay una cotización absolutamente ilegal, por las dudas aumentan. Cuando aumentan los salarios, por las dudas aumentan y cuando llueve, también aumentan".
