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esde el Centro de Estudios para el Desarrollo Social de Concordia (CEDESCO) emitieron un comunicado distanciándose de la postura del obispado de Concordia. El documento cuenta con ocho puntos donde denuncian que "los policías rebeldes han infringido una regla básica del orden democrático, que coloca a las fuerzas de seguridad bajo la autoridad del poder político dramáticamente constituido". "La extorsión fue manifiesta, muertos, heridos, saqueados, saqueadores, destrozos, pánico generalizado, todavía no entendemos como estas instituciones tan importantes pudieron desconocer el contexto extorsivo en que fue firmado ese acuerdo. Este es un momento en que todos tenemos que profundizar nuestro compromiso democrático, uno puede tener la filiación política que quisiere, inclusive puede fundar un partido político para defender y reivindicar a doce policías rebeldes si lo desea, en democracia todo esto se puede hacer, pero lo que uno no puede dejar de hacer nunca, y en esto hay que ser irreductible, es salirse del orden democrático, en esto tenemos que estar todos de acuerdo, y todos junto, cada uno con su ideología y si identidad partidaria, pero sobre este punto no debería haber discusiones", sostienen desde Cedesco. En la nota enviada por Cedesco, y firmada por su presidente, Eduardo Asueta, se toma distancia del comunicado del Cics y el obispado de Concordia y se afirma que es perfectamente viable la declaración administrativa de nulidad del acuerdo que motivara el reclamo policial de comienzos de diciembre pasado. "Claramente no compartimos lo manifestado por el Obispado y por el Cics, creemos que hay una confusión al respecto. Una cosa son las nulidades civiles que requieren sanción del poder judicial, pero muy diferente son las nulidades administrativas que pueden ser sancionadas por la misma administración, en tanto estén dadas las condiciones para ello", remarcó Eduardo Asueta, presidente de la entidad. A su vez, reconocen que la situación salarial de la fuerza policial hasta el inicio del conflicto era precaria y que hay una necesidad de "profesionalizar el servicio", aunque afirman que no justificaba el accionar rebelde de los policías. Reclaman al Gobierno de Entre Ríos crear los nuevos canales institucionales para solucionar el conflicto, que garantice la seguridad y "que logren la representatividad de todo el personal policial", remarca el comunicado. Además sostienen la necesidad de comenzar un proceso de "democratización de las fuerzas de seguridad" en todas las provincias del país. Además, reclaman la importancia de que "las conductas de los policías rebeldes" sean "investigadas y juzgadas" para determinar responsabilidades. "Claramente no compartimos lo manifestado por el Obispado y por el Cics, creemos que hay una confusión al respecto. Una cosa son las nulidades civiles que requieren sanción del poder judicial, pero muy diferente son las nulidades administrativas que pueden ser sancionadas por la misma administración, en tanto estén dadas las condiciones para ello. Y en este caso las condiciones son muy claras, de hecho las hemos sufrido todos los concordienses. Una declaración de nulidad no implicaría una declaración de la propia torpeza, todo lo contrario, implicaría declarar el acuerdo como consecuencia de una extorsión, es decir, justamente la falta de torpeza, existen sobrados motivos de orden público para que así sea declarada", cerró.