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a Justicia Federal de Paraná dictó la prisión preventiva a un grupo de represores imputados en la causa Área Paraná II, por delitos de lesa humanidad. A su vez otorgó la excarcelación al militar Guillermo Quintana, aunque sigue procesado.Además dictó prisión preventiva o ratificó el procesamiento de otros siete acusados por delitos de lesa humanidad. Quintana había quedado detenido el 30 de octubre en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Según las denuncias, desde su rol de instructor del Ejército se encargaba de hacer firmar declaraciones autoincriminatorias a víctimas del terrorismo de Estado. Habría tenido a su cargo la función de organizar y llevar a cabo los interrogatorios, mediante la ratificación y ampliación de las llamadas “declaraciones espontáneas” de detenidos. En una resolución del 30 de diciembre, el juez Leandro Ríos decidió, en primer lugar, decretar la prisión preventiva del acusado Jorge Humberto Appiani, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada y Aplicación reiterada de severidades y/o apremios ilegales en perjuicio de siete víctimas, y los mismos dos delitos más Imposición de tormentos en perjuicio de otras dos personas. Además, le trabó embargo sobre sus bienes por 500.000 pesos. Además el juez Ríos dictó la prisión preventiva de José Anselmo Appelhans, acusado de Severidades y/o apremios ilegales contra ocho personas; Severidades y/o apremios ilegales e Imposición de tormentos contra otras cuatro; y la Privación ilegítima de la libertad, Aplicación de severidades, vejaciones e Imposición de tormentos y Homicidio doblemente calificado de Jorge Emilio Papetti, quien se supone que murió durante una sesión de tortura en la cárcel de Paraná y a la fecha permanece desaparecido. Appelhans, quien se desempeñaba como director de la Unidad Penal 1 durante la dictadura, continuará con arresto domiciliario. Se le trabó embargo por medio millón de pesos, según informó UNO. Por otra parte, el magistrado dispuso mantener el procesamiento del militar Alberto Rivas, quien se desempeñaba como oficial instructor del Consejo de Guerra, por cinco casos de privaciones de la libertad y apremios ilegales; a la vez que le dictó el sobreseimiento provisional por los delitos cometidos contra otras dos víctimas. Seguirá cumpliendo prisión domiciliaria, al tiempo que le dispusieron un embargo de 300.000 pesos. También se dictó la prisión preventiva de Rosa Susana Bidinost, quien dirigía la cárcel de mujeres de Paraná, por tres casos de imposición de severidades y apremios. Bidinost también seguirá con prisión domiciliaria y el embargo en su contra es de 500.000 pesos. En la misma resolución, Ríos resolvió mantener el procesamiento del exjefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso, por privaciones ilegales de la libertad, apremios y tormentos contra tres víctimas, entre ellas el conscripto desaparecido Jorge Papetti. Dasso seguirá con arresto domiciliario dispuesto por el Tribunal Oral Federal de Paraná, que lo condenó a prisión perpetua en la causa Harguindeguy. El embargo en su caso es de 500.000 pesos. Por otra parte, se dictó la prisión preventiva del médico Hugo Mario Moyano por un caso de apremios y tormentos, que seguirá cumpliendo en su domicilio. En su caso el embargo es por 500.000 pesos. En libertad Finalmente, el juez federal dispuso mantener el procesamiento del militar Guillermo Jorge Francisco Quintana, acusado de Privación ilegítima de la libertad; Imposición de vejámenes, severidades y/o apremios e Imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas. Al mismo tiempo dispuso su excarcelación, con la condición de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial. Tampoco puede salir del país y está obligado a presentarse en la delegación de la Policía Federal más cercana a su casa cada 15 días. El embargo en su contra es por 300.000 pesos.