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a Justicia Federal de Paraná no investigará a los ex agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 porque el fiscal Mario Silva consideró que no tiene elementos para imputarles la comisión de delitos de lesa humanidad. La investigación había sido promovida por los organismos de derechos humanos, a través de los abogados Marcelo Baridon y Álvaro Piérola, tras la difusión de un listado de agentes dado a conocer en 2010 por el Archivo Nacional de la Memoria que consta de más de 6.000 nombres de personas que integraron los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. La nómina incluye a civiles y militares que reportaban al Batallón 601, a través de los destacamentos de inteligencia de cada provincia o región del país. La lista dejó al descubierto a varios espías civiles que prestaron servicio en varias localidades entrerrianas, principalmente en Paraná, Concordia y Nogoyá. Los organismos de derechos humanos reclamaron que unas 30 personas sean citadas a declarar, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad en la provincia, para que den explicaciones acerca de la función que cada uno desempeñaba. Sin embargo, la causa no avanzó más allá de algunos pedidos de informes realizados por el fiscal Silva para que el Ejército Argentino, a la Fuerza Aérea, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a las estructuras orgánicas de sus aparatos de inteligencia remitan sus listas de funcionarios, empleados con responsabilidades y agentes encubiertos de identidad reservada que prestaron servicio en la provincia en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Tras analizar esa documentación, Silva consideró que no surgen elementos que indiquen la comisión de delitos encuadrables dentro de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido como de lesa humanidad y, por lo tanto, dispuso el archivo de la causa denominada “Ciudadanos domiciliados en la provincia de Entre Ríos s/presentación”. Anoticiados de la decisión del fiscal Silva, abogados vinculados a los organismos de derechos humanos apuntaron que aportarán más pruebas que comprometen a varios agentes encubiertos para poder reabrir la causa y profundizar la investigación. Algunos nombres En 2010, el Gobierno nacional entregó por primera vez a la Justicia los nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército. Se trata del Batallón 601, con sede en Capital Federal, y de los destacamentos de las principales ciudades del país, unidades siempre camufladas donde trabajaron quienes interrogaban a los secuestrados en los centros clandestinos de detención, quienes procesaban la información arrancada en las mesas de torturas, y en donde rendían cuentas centenares de aún ignotos civiles infiltrados en fábricas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales. La difusión de ese listado reveló las identidades de varios conocidos personajes de la provincia de Entre Ríos, mezclados entre familiares de ex militares y otros nombres ignotos de quienes cumplieron tareas al amparo del terrorismo de Estado. Allí surgió, por ejemplo, el nombre de Ricardo Andrili, quien fuera docente de la Facultad de Ciencias de la Educación durante la última dictadura cívico-militar y referente del Partido Popular de la Reconstrucción, fundado por el líder carapintada Mohamed Alí Seineldín. También aparece Mónica Zunilda Torres, que fuera subsecretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Jorge Busti y diputada provincial por la Alianza. Torres revistó ante el poder militar en Paraná entre 1979 y 1983 y se ocupó de filtrar información sobre las primeras reuniones de familiares de detenidos-desaparecidos en la Iglesia del Carmen. En el listado también aparecen Florencio Arteaga, cuñado del mayor de Ejército Eduardo Stigliano; Enrique Savat, infiltrado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en 1981 y 1982; Rafael Andrés Julián, quien filtrara datos del Partido Comunista; el médico Rafael Ricardo Arzac, que también cumpliera funciones en la Segunda Brigada Aérea de Paraná; Aníbal Raúl Torres, que fuera secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); o Héctor Ramón Jurado, que estuvo a cargo de la Dirección de Prensa durante el Gobierno de Enrique Tomás Cresto. Son algunos de quienes sirvieron a la dictadura y no serán investigados.