E

l ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, detenido por crímenes de lesa humanidad, presentó un habeas corpus pidiendo por su libertad. El plan sistemático de exterminio de opositores políticos se sustentó, a partir del 24 de marzo de 1976, en la ilegítima suspensión de la institucionalidad, para lo cual los militares dictaron un cuerpo normativo que pretendía reemplazar la Constitución. Así pretendieron justificar las detenciones en campos de concentración, las torturas, los homicidios y las desapariciones forzadas de personas. El habeas corpus se constituyó entonces en una herramienta legal que los familiares utilizaron para tratar de proteger a los detenidos políticos u obtener datos de los desaparecidos. Se trataba de la denuncia con un pedido a las fuerzas armadas, policiales o de seguridad para que informen si tenían datos de la persona en cuestión. La mayoría de las veces el recurso era rechazado y archivado; los trámites se resolvían, casi siempre, en el mismo día y sin ningún tipo de investigación previa. A esa herramienta echó mano Demonte, un ex policía federal de 61 años, detenido en la Unidad Penal Número 1 de Paraná desde el 19 de abril de 2010 y acusado por los delitos de privación ilegítima de libertad de los desaparecidos Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último. Sin embargo, el recurso fue rechazado por el juez Leandro Ríos, quien remitió inmediatamente la resolución a la Cámara Federal de Apelaciones, como lo establece la ley, y el tribunal, con una integración alternativa, homologó su disposición. Diez años La denominada megacausa Área Paraná, en la que se investiga la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar, cumplió 10 años sin sentencia. Se desarrolla por el antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal, de 1888, que prevé actuaciones escritas, y en julio de 2011 los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti formularon su acusación contra 10 ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 52 víctimas, cinco de las cuales están desaparecidas. Pero desde entonces la causa se trabó por la sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas –especialmente Demonte y Appiani– y en este tiempo, dos represores fueron separados por cuestiones de salud. Según consignó El Diario, el 24 de octubre pasado la Cámara Federal de Apelaciones confirmó a Leandro Ríos como juez de sentencia y por estos días los defensores de los imputados están presentando sus descargos a las acusaciones de los fiscales y querellantes. Mientras tanto, siguen sucediéndose maniobras que pretenden dilatar aún más el proceso.