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a justicia salteña intervendrá en algunos delitos vinculados al narcotráfico desde el año próximo. El 1ero de enero comenzará a regir la acordada 11.554 de la corte provincial, por la que el Poder Judicial de Salta se hará cargo de los delitos “desfederalizados” comprendidos en la Ley 26.052. La Ley 26.052 modificó en 2005 a la legislación penal de estupefacientes, que data de 1989. En su articulado estableció que “los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia”. De esta forma, lo que hizo Salta fue asumir esa competencia provincial sobre determinados delitos de la ley, para encargarse de su juzgamiento en base a las reglas procesales propias de la provincia. La corte salteña estableció que la justicia provincial –y ya no el fuero federal- se haga cargo de juzgar los delitos de: tenencia simple; tenencia para el consumo personal; comercialización; tenencia con fines de comercialización simple; entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título oneroso simple; a título gratuito simple o a título gratuito atenuada. También serán juzgados por los magistrados de la jurisdicción provincial los delitos de siembra o cultivo de estupefacientes para consumo personal; confabulación para cometer esos delitos; facilitación de un lugar para el consumo de estupefacientes; falsificación de recetas; suministro infiel o indebido y suministro indebido culposo de sustancias medicinales; incumplimiento de deberes para evitar ese suministro; producción, fabricación indebida o venta de sustancias medicinales sin autorización. Al hacerse cargo del juzgamiento de estos delitos, Salta somete los procesos que persigan a esos delitos a las normas procesales locales, que hace pocos meses sufrieron otra modificación en torno a lo que se plantea como una política criminal antidrogas. El traspaso de competencias se complementa con la creación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, establecidos en octubre mediante otra acordada de la corte provincial, la 11.480. Con la creación de los tribunales especializados, el Poder Judicial salteño pretende brindar un mecanismo de enjuiciamiento diferente para las personas que incurran en delitos vinculados al narcotráfico y el consumo de drogas. El texto de la acordada establece que esta problemática “acarrea la búsqueda de una solución alternativa y eficaz diferente a la tradicional respuesta del sistema penal, el que utiliza vastos recursos humanos y económicos en el enjuiciamiento de personas que presentan tal consumo problemático”. Según consignó Infojus Noticias, los tribunales especializados para el tratamiento de drogas son un programa penal alternativo dentro del mismo sistema de justicia, pero que busca identificar tempranamente a los consumidores abusivos de estupefacientes en el contexto del proceso penal para ofrecerles acceso inmediato a tratamiento “bajo la directa y temprana supervisión del juez como una alternativa a la conclusión del proceso”. Para implementarlo, se lanzó desde mediados de octubre un “Programa Piloto” en el ámbito del distrito judicial del Centro. Es posible optar por el mecanismo de tratamiento como una forma de suspensión de juicio a prueba, también conocido como “probation”. Cuenta con un equipo multidisciplinario de dos asistentes sociales y dos psicólogos, además de los funcionarios y personal judicial que habitualmente interviene en este tipo de causas.