E
l fiscal general del Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, es uno de los cuatro fiscales designados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para integrar la comisión que recolecta información acerca de las causas judiciales iniciadas en el país en relación a las protestas policiales y saqueos de los últimos días e investiga los vínculos entre ambos hechos.
En una reunión inicial, que tuvo lugar el jueves en Buenos Aires, se analizaron las denuncias existentes hasta entonces en las distintas jurisdicciones del país. Puntualmente, se estudiaron las presentaciones formuladas por el fiscal de Mar del Plata, Daniel Adler, otra motorizada desde la Fiscalía federal de Resistencia y una tercera promovida por el gobierno de Santa Fe, en cuyo contenido se considera que la movilización de personal de fuerzas de seguridad con armas de fuego, haciendo ostentación de las mismas en circunstancias extrañas el servicio y con la intención de arrancar medidas al poder público, puede consistir en un alzamiento que, por darse simultáneamente en otros puntos del país, haya puesto en riesgo la vigencia de las instituciones.
“La comisión también ordenó una serie de medidas, pero justamente para garantizar su éxito, es que no vamos a darlas a conocer”, precisó Candioti.
En principio, el órgano tiene una vigencia de dos meses y cumplido ese plazo se analizará si se amplía el plazo y se continúa trabajando.
Instigación, sedición y saqueo
Candioti explicó a
El Diario, en términos sencillos, en qué consisten y cuáles son las penas de los delitos que se investigan.
Respecto a la sedición, explicó que está tipificado dentro del capítulo de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, en el artículo 229 del Código Penal. Prevé una pena máxima de seis años de prisión. “Contempla muchas posibilidades. Una de ellas es protestar con exigencias, portando armas, queriendo arrancar medidas a los gobiernos”, graficó.
La asociación ilícita es otro de los delitos que se investiga. A su comisión apunta la denuncia por los hechos sucedidos en Mar del Plata. Figura en el artículo 210 del Código Penal y contempla penas de hasta 10 años de cárcel. Es cuando tres o más personas forman un grupo y se reúnen para cometer delitos.
En cuanto al saqueo, no es una figura que integre el Código. Se trata de un delito contra la propiedad y lo que se castiga es lo que se denomina “robo calamitoso”, con penas de hasta 10 años de prisión. “La dureza del castigo es mayor que en el robo común, que prevé penas de hasta seis años, porque el autor se aprovecha de la situación de indefensión que sufren los bienes en un contexto de perturbación pública. El autor del delito va y se apodera de bienes ajenos por la fuerza, entrando a negocios rompiendo las puertas, porque están ausentes las fuerzas de la prevención”, ejemplificó Candioti. El delito se agrava cuando quien lo comete es, a la vez, miembro de una fuerza de seguridad.
La instigación, por último, se da cuando se impulsa públicamente a otro a cometer un delito. Las penas van de los dos hasta los seis años y la graduación depende del delito al que se instiga. “Quien instigue un robo calamitoso, lo que comúnmente se denomina saqueo, puede recibir seis años de pena”, comentó el fiscal. Las redes sociales son uno de los métodos para instigar y no importa si quien impulsa el delito es luego partícipe o si finalmente el delito se comete o no. Según Candioti, hay métodos disponibles para individualizar a los autores de este tipo de delitos, del mismo modo que se logra dar con quienes cometen amenazas vía celulares o correos electrónicos.
