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l Gobierno Nacional prepara un operativo "antisaqueos" para los días 19 y 20 de diciembre. Desplegará un comando de prevención de fuerzas federales de seguridad y de policías provinciales, con fuerte presencia de uniformados en las calles, monitoreos y alertas en los lugares más comprometidos. Ese comando lo integran Gendarmería, Prefectura Naval, las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, que dependen de la Nación, y las policías provinciales. También el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, coordinaron con gobernadores y los ministros de seguridad locales una acción conjunta entre jueces y fiscales de todo el país para detener en el acto y procesar de inmediato a los individuos que cometan saqueos. Se los imputará de un delito grave: robo agravado en poblado y en banda, una figura no excarcelable penada con entre tres y diez años de prisión. "Seremos implacables. El primero que saquea quedará en prisión mucho tiempo. No será excarcelable", dijo una alta fuente del Gobierno a La Nación. Ese tipo penal está previsto en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal del Capítulo II que legisla sobre el "Robo". "Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años (...) si se cometiere en lugares poblados y en banda", estipula la ley. El artículo 167 bis ordena que "la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario". Sin embargo, Berni, los jueces y fiscales acordaron investigar e interrogar a los detenidos para dar con los autores intelectuales de saqueos si los hubiera. Así, si los instigadores fueran los policías, se les aplicaría el artículo 167 bis. El aumento se anunció para evitar tensiones y allanar la creación del comando preventivo "antisaqueos" para la semana que comienza. "Se llenarán las calles de efectivos policiales. Una presencia disuasiva muy importante", dijo un funcionario oficial al ya mencionado medio nacional. Trascendió incluso que Cristina Kirchner le habría pedido a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que elabore un borrador de decreto de Estado de sitio por si hubiera desbordes. Ello no implica que esté dispuesta a firmarlo, pero da cuenta de la preocupación para prevenir cualquier situación inesperada. "No se van a trasladar gendarmes y prefectos; los 12.000 que se movilizaron están volviendo a sus lugares de origen", dijo la fuente. Berni está satisfecho porque en cada intervención de Gendarmería y Prefectura se restableció el orden. Durante la semana última, Capitanich habló con todos los gobernadores afectados para prevenir posibles escenarios y establecer una línea de comunicación directa y de respuesta inmediata.