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a Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Jorge Capellino y confirmó la prisión preventiva del médico imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. De esta forma, el profesional continuará detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Capellino está acusado de “legalizar” tres homicidios cometidos en 1976 y 1977 y de ser el encargado de “controlar el estado de salud” de los presos políticos Juan Alberto Osuna, Carlos Fernández y Pedro Sobko durante las sesiones de tortura a que eran sometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército. Había sido procesado en septiembre pasado por el juez federal Leandro Ríos y el médico apeló tanto el auto de procesamiento como la prisión preventiva alegando, sobre este último punto, cuestiones de salud. Según consignó El Diario, ahora el máximo tribunal le asestó un nuevo revés, al declarar “inadmisible” un recurso presentado por la defensa de Capellino para obtener la excarcelación, en una sentencia que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni (en disidencia sólo por una cuestión procesal). Así las cosas, continuará detenido en Paraná. Con esta novedad, la causa continuará su curso en los términos previstos por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos–, que prevé actuaciones escritas. Legajo personal Nacido en Pergamino, de 67 años, el teniente coronel médico Jorge Horacio Capellino se desempeñó como adherente de la Delegación Paraná de la Policía Federal y luego, entre 1974 y 1978, cumplió funciones en el Hospital Militar de Paraná; para luego continuar su carrera en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La acusación contra Capellino consta en un expediente que se desprende de la megacausa denominada Área Paraná. Allí consta que durante la represión ilegal se desempeñaba como teniente primero médico, estaba a cargo del área de Clínica Médica del Hospital Militar y era uno de los profesionales que asistía a detenidos políticos alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército. Esto fue ratificado también por varios detenidos políticos que fueron víctimas de apremios ilegales –de ahí las acusaciones por torturas– y por soldados conscriptos que comparecieron espontáneamente en la causa.