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l fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal por los términos del preacuerdo entre el Gobierno y la petrolera española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Una investigación que apunta, sobre todo, al ministro de Economía, Axel Kicillof; al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al titular de YPF, el entrerriano Miguel Galuccio. La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se inició con la denuncia de la diputada Carrió contra los negociadores argentinos con Repsol, como consecuencia de la denominada ley de “soberanía hidrocarburífera” de 2012, como se le llamó a la ley que se sancionó para expropiar YPF a Repsol, informó DyN. El fiscal advirtió sobre la existencia de un acuerdo sobre el resarcimiento económico a la empresa española sin cumplir con los pasos administrativos contemplados en la ley. Y aunque nadie oficializó monto ni características de pago del precio, fuentes españolas dejaron trascender en medios periodísticos una cifra del orden de los 5.000 millones de dólares y su pago con un bono específico, a diez años de plazo. También siempre se ocuparon de hacer saber que el monto a percibir por Repsol debería ser en “activos líquidos”, lo que requeriría una negociación política, pero también de ingeniería financiera y por eso sumaron al Deutsche Bank al equipo encargado de negociar la letra chica. Según la investigación, se trata de “determinar si corresponde el pago” y en ese contexto, las decisiones se adoptaron “sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada”. El fiscal González pidió que “se certifique si el Tribunal de Tasaciones ha tomado intervención” en el proceso de indemnización y, en ese caso, se obtengan “las actuaciones originales que se hubieran labrado en el ámbito de este Tribunal”.