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l ministro de Gobierno y Jusiticia de Entre Ríos Adán Bahl, se manifestó en coincidencia con lo que estableció hace seis años la Legislatura provincial votando la adhesión a la ley nacional Nº 26.052 que habilita a la Justicia y a la Policía provinciales a combatir el narcomenudeo o microtráfico, pero cuya vigencia está suspendida. El funcionario adelantó un guiño favorable a retomar ese mecanismo, tal como ha sido planteado en la Cámara de Senadores durante las últimas semanas. “Hay que utilizar todas las herramientas que existen... lo importante es que esta iniciativa, que involucra plenamente a la Justicia provincial, surja del consenso para que el trabajo sea lo más efectivo posible”. Y agregó: “No es lo mismo trabajar con uno o dos juzgados (federales) en el territorio provincial que hacerlo con cientos de juzgados. Hoy cuando tenemos una situación de drogas tenemos que comunicarlo a la Justicia Federal, que habitualmente nos pide un estado de sospecha, que lleva entre dos y seis meses hasta que se otorga la orden de allanamiento y se puede abordar el tema. Si tuviéramos muchísimas más herramientas para esto, las cuestiones saldrían de manera más fácil y efectiva”, remarcó. El ministro reconoció que “la droga avanza y los problemas avanzan. A veces las investigaciones tienden principalmente a buscar a los grandes narcotraficantes, pero la gente está irritada por el que vende droga en la esquina de la casa. Nos dicen que todo el mundo lo sabe, que la Policía lo sabe y que nadie hace nada. Y nosotros tenemos que explicarle sobre el funcionamiento de la Justicia y lo del estado de sospecha, y la gente dice qué no les importa lo del estado de sospecha, sino que quieren que alguien haga algo”, explicó el Bahl. Por eso señaló que deben buscarse “nuevas metodologías” en la lucha contra el tráfico de drogas. “A la gente que reclama protección no se le pueden dar explicaciones con formalismos legales o sobre división de jurisdicciones. Todos tenemos que asumir más tareas y más compromisos”, remarcó, según publicó Análisis. Bahl reconoció que también el gobierno debe implementar mayores controles sobre el lavado del dinero. “Hay que dificultar todo lo que tiene que ver con el lavado del dinero. Estamos trabajando con la ATER y el Registro de la propiedad. Son tareas preliminares que para que tengan valor probatorio en un eventual juicio tienen que estar conducidas por la Justicia; por los fiscales de acuerdo al esquema del nuevo Código Procesal, que son los que tienen que investigar”, agregó.