E

l defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dialogó con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por el conflicto suscitado por la presencia de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos. En ese marco, los asambleístas expresaron de diversos modos que se sienten “huérfanos del Estado” y compartieron el pliego de reivindicaciones más sensibles para conocer qué se puede hacer al respecto. Saber la calidad del aire que se respira por la contaminante pastera, requerir la presencia de los técnicos que realizaron el monitoreo ambiental que recomendó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la impotencia que sienten al percibir que se les niega el más elemental servicio de Justicia en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay, fueron algunos de los puntos más salientes. Sella estuvo acompañado por Leandro García Silva, responsable del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y luego de repasar las distintas acciones que realizaron desde ese organismo, recordó que habían propuesto abrir la CARU a la participación ciudadana o el control social de las comunidades. Destacó los aportes que realizó la comunidad de Gualeguaychú en las luchas ambientales, por más que todavía no se haya podido desplazar a la pastera de la cuenca del río Uruguay. “Su lucha ha permitido modificar políticas ambientales”, recalcó. En ese marco, referenció que han tomado contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Uruguay, cuya instancia de diálogo permite abordar un horizonte más próspero para hacer valer los derechos colectivos, especialmente la defensa de la vida y a vivir en un ambiente saludable. También propuso a manera de reflexión que es necesario mirar integralmente la situación ambiental del río Uruguay, sin que por ello se distraiga o licue la atención de la lucha contra la pastera. El diálogo con el Defensor del Pueblo fue fructífero, puesto que se ha llevado varios elementos que permiten abrigar la esperanza de poder accionar en varios frentes como el judicial, pero también fortalecer la sensibilidad colectiva y encaminar gestiones para que las distintas áreas del Estado vinculado con el tema accionen la defensa del interés general, publicó El Argentino.