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a Justicia Federal de Concepción del Uruguay dispuso un embargo preventivo de 20 mil pesos contra los asambleístas Miguel Pérez y Miguel González, ante la presunción de responsabilidad por la muerte del motociclista Walter Maulucci, ocurrido en la madrugada del 26 de abril de 2009. Tras la disposición, desde los diferentes sectores de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, calificaron de "inexplicable", a los procesamientos, además del enorme malestar y rechazo que provoca la situación judicial. Califican a la medida como un modo de apriete para la protesta. “Es la forma que utilizan para amedrentar, a los ambientalistas en todo el país, que sostienen la resistencia contra la amplia conflictividad ambiental. Esta es la triste maniobra que realizan querellando a los compañeros para quebrar las luchas que se dan en distintos lugares de la Argentina”, manifestaron los asambleístas en Radio Máxima. "Es increíble como apuntaron a estos asambleístas como si fuera una caza de brujas, porque la gente que estaba el día del accidente era muchísima, por lo que no se explica la razón de "seleccionar a ellos" indicaron. La causa La Cámara Federal de Paraná confirmó los procesamientos de los asambleístas Miguel Pérez y Miguel González y trabó un embargo de 20 mi pesos para cada uno, en la causa por la muerte del motociclista Walter Maulucci. Al mismo tiempo, la Cámara desprocesó a María Alicia Rivero y Enrique Reichel. El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, había dictado el procesamiento de Pérez, González, Rivero y Reichel, y les había trabado un embargo superior a los 400 mil pesos. La Cámara confirmó dos procesamientos y redujo sensiblemente el monto. Pérez y González aún quedan vinculados a la causa, procesados por “homicidio culposo” por el accidente de un motociclista uruguayo ocurrido en abril de 2009 en la ruta internacional 136, donde se realizaba el corte de ruta. El motociclista uruguayo Walter Maulucci, colisionó en la noche del 26 de abril de 2009 contra un acoplado ubicado a la altura de Arroyo Verde, el lugar donde se realizaba el bloqueo de la carretera que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos. En la Justicia interpretan que González y Pérez concurrían asiduamente al corte y por eso les apunta algún grado de responsabilidad, en una interpretación realmente curiosa. Por otra parte, en la Justicia Federal se tramita una demanda civil contra el Estado Nacional por 680 mil pesos, iniciada por la madre del motociclista, Tomasa Gómez. Pero desde el Estado se trasladó la responsabilidad hacia los asambleístas de Gualeguaychú. En la noche del accidente el tránsito estaba abierto porque al día siguiente se realizaría la tradicional marcha anual de la Asamblea al puente internacional General San Martín. El abogado de la Asamblea Luis Leissa, explicó que los asambleístas fueron procesados “por omisión”, ya que se conocía la presencia de un acoplado en la banquina y supuestamente no se contempló que podría causar un accidente, pero agregó que la misma acusación también podría realizarse a los efectivos de Gendarmería Nacional que custodiaban el lugar.