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os jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoategui y Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) fijó la fecha del 10 de febrero de 2014 para el comienzo del juicio oral y público a los responsables políticos y jefes policiales de la represión y episodios de violencia registrados el 20 y 21 de diciembre de 2001 durante la jornada que culminó con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
Se estima que declararán alrededor de tres centenares de testigos en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
En los banquillos de los acusados estarán, entre otros, el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, sobre quienes pesa la acusación por los homicidios culposos de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Ariel Benedetto y centenares de lesiones a manifestantes.
La fecha fue dispuesta días después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenase que se fije “en forma inminente” la audiencia para “el inicio del juicio oral”, mediante una resolución de Superintendencia que firma el presidente del tribunal, Gustavo Hornos, en la se le indicó al TOF6 la “impostergable necesidad de fijar audiencia de debate”.
La Cámara hizo referencia a “razones de celeridad y efectiva y eficiente administración de justicia”, según se desprende de la escueta resolución de menos de veinte líneas, a la que Télam tuvo acceso y en la que se recuerda que el tribunal “se encuentra integrado desde el 21 de diciembre de 2011” y es “impostergable” la “necesidad de fijar audiencia de debate de manera inminente en estas actuaciones atento el tiempo transcurrido”.
La orden hace referencia al expediente caratulado Mathov, Enrique José y otros s/ abuso de autoridad en el que se ventilan los graves hechos de violencia registrados el 20 de diciembre de 2001 que provocaron cinco muertes en inmediaciones del Congreso Nacional.
El TOF6 preveía comenzar el 12 de agosto el juicio contra dos policías que participaron de la violenta represión, pero difirió el inicio ante “la necesidad de garantizar la realización de un único debate” con todos los imputados, entre ellos Mathov y Santos y los jefes policiales Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.
En esa ocasión, el TOF6 señaló que era contraproducente “limitar el ámbito de debate en caso de celebrarse una audiencia separada por algunos hechos de lesiones ocurridas dentro de un contexto más amplio que a su vez será objeto de futuros nuevos debates”.
En ese sentido, se explicó que son acontecimientos “de incidencia política y social que no puedan ser debatidos en un juicio separado, pudiendo conformar la estrategia de defensa la argumentación sobre presuntas órdenes recibidas en el ejercicio de funciones de policía de algunos integrantes de fuerzas de seguridad”.
La provincia no fue la excepción a esta situación y la represión se cobró tres vidas en la capital de la provincia: Romina Iturain, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez. Transcurría el segundo mandato de Sergio Montiel y la protesta social se hizo insostenible para su gobierno, que liberó a las fuerzas de seguridad para sacar de las calles el reclamo popular.
