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l 1 de octubre, el diario uruguayo El País, realizó un pedido de acceso a información pública a la Cancillería para acceder a los resultados del monitoreo conjunto sobre la planta UPM, cuyas muestras son analizadas en un laboratorio de Canadá. La solicitud fue previa al enfrentamiento diplomático que llevó a Argentina a divulgar unilateral y parcialmente los resultados de los informes y obligó a Uruguay a rebatirlos porque sobre los mismos resultados ambos países tienen interpretaciones diferentes. Pero la solicitud que elevó el diario montievideano, también demandaba saber cuántos monitoreos o estudios binacionales se hicieron sobre la producción de UPM y su impacto en el río Uruguay. Requería la identificación de las empresas y los científicos (nombre completo y nacionalidad) que realizan los estudios, costo económico de dichos trabajos para el Estado uruguayo, así como frecuencia de la toma de muestras y destinatarios de los informes. En el mismo escrito también se preguntaba “¿qué razones han llevado a no divulgar públicamente ninguno de los estudios medioambientales sobre la producción de UPM?” y “¿quién ha ordenado que esos informes no se divulguen?” El País también preguntó si la negativa a hacer pública la información fue acordada por Argentina, cuándo y dónde. El miércoles 23 de octubre el Canciller Luis Almagro firmó una resolución en respuesta al pedido de informes. Allí se resuelve: “declárese de carácter reservado la información solicitada, por estar directamente vinculada a contextos de negociaciones con la República Argentina”. En los considerandos se aludió a la resolución del 28 de diciembre de 2011 que dispuso: “Declárese de carácter reservado, hasta tanto no sea aprobada por el Comité Científico, toda información relativa a los resultados del análisis de las muestras enviadas a laboratorios de Canadá extraídas de UPM y desembocadura del río Gualeguaychú, así como de todas las muestras realizadas en distintas fechas”. Pese al paso dado por Argentina de divulgar por su cuenta los informes en respuesta a la autorización concedida por el presidente José Mujica a UPM para aumentar su producción, la cancillería uruguaya mantiene bajo siete llaves todo lo vinculado a UPM, ya no solo los resultados del monitoreo y su impacto sobre el medio ambiente y la vida en la zona, sino también detalles como el costo por la contratación de los científicos que asume el Estado o su identidad para determinar su idoneidad, publicó El Día de Gualeguaychú.