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a Cámara Primera en lo Penal de Paraná dispuso el sobreseimiento del ex vicegobernador Héctor Alanís, su sobrino Maximiliano, el ex director administrativo, José Crettón Pereyra y el ex vicepresidente primero del Senado, el ex legislador provincial Humberto Ré (UCR-Diamante), en la causa por el desvío millonario de fondos del Senado entrerriano, entre 1995 y 1999. El voto que fundamentó la medida fue argumentado por el camarista subrogante Elvio Garzón -actual juez de Instrucción- y contó con la adhesión de los vocales Hugo Perotti y Miguel Giorgio, es decir, los mismos que habían avalado la prescripción de la causa contra el cura Justo Ilarraz, por abusos de menores en el Seminario de Paraná. Según publicó Análisis Digital, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, irá en Casación ante la Sala Penal del STJ. A primera hora de este viernes se conoció la resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen de esta capital, por la cual se dispuso el sobreseimiento de los procesados en una de las causas más graves de los últimos 18 años, cometidos en el Estado provincial: el desvío de fondos millonarios del Senado entrerriano, entre 1995 y 1999, en plena gestión de Jorge Busti. Con la argumentación del camarista suplente Elvio Garzón (actual juez de Instrucción y con serias posibilidades de ascender a un nuevo cargo) se desestimaron los cargos impuestos por la jueza Marina Barbagelata, bajo la figura de “comisión del delito de peculado” y por ende se benefició al ex vicegobernador Héctor Alanís (ex funcionario urribarrista), su sobrino Maximiliano, el ex director administrativo, José Crettón Pereyra y el ex vicepresidente primero del Senado, el ex legislador provincial Humberto Ré (UCR-Diamante. Los vocales Hugo Perotti y Miguel Angel Giorgio solamente adhirieron la votación de Garzón. El 30 de abril la jueza de Instrucción 6 de la capital provincial, Marina Barbagelata había dictado el procesamiento de los ex funcionarios, tras la presentación del procurador general del STJ, Jorge Amílcar García, que provocó la continuidad de la investigación, pese a los intentos por archivarla. El año pasado, en base al escrito de García, la fiscal Laura Cattáneo al hacer la acusación, criticó duramente a la etapa de instrucción por su “ligereza y falta de rigor analítico” respecto de “un hecho institucional gravísimo”, como lo es que “un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma”. García también le apuntó duramente al Tribunal de Cuentas, por mirar para otro lado ante la maniobra fraudulenta. “El yerro silogístico consistió en remplazar la premisa mayor por una conclusión anticipada que es falsa: los acusados auditores dicen que controlaron, sin dar ninguna razón de ello. Ergo: si lo dicen ellos -premisa menor- no pudo existir peculado. Esto es una falacia; es decir, un argumento de apariencia pero falso, que sustituye el análisis riguroso de la prueba pericial, que desde la denuncia se agregara y que coincide con lo afirmado por los peritos oficiales Escales y sobre todo el contador Cozzi, por una afirmación absurda de los acusados, los sobreseídos Cristian Treppo (actual intendente de Seguí) y Pérez”, dijo García. Según el procurador, “aún cuando los acusados principales Alanis o Crettón Pereyra hubiesen hecho desaparecer todo atisbo de papel, es imposible que ante semejantes montos a auditar, como dice Cozzi, los funcionarios encargados del control in situ no recordasen nombres, cargos, ni guardasen siquiera papeles de trabajo, copias o anotaciones sobre los movimientos y transferencias hacia la irregular cuenta corriente, en el Programa 18. Como se verá, en el cruzamiento contable de los restos o huellas de los delitos cometidos, nunca los auditores (del Tribunal de Cuentas) hicieron un control debido, sino que se limitaron a esperar la mera rendición tardía, dibujada, que les remitieron los acusados”, acotó García. El 31 de mayo la Cámara Primera en lo Penal de Paraná, resolvió la apelación presentada por los abogados de los acusados. Los letrados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que defienden al ex vicegobernador y a su sobrino -que cumplía funciones administrativas-, como así también el abogado Rubén Efraín Cabrera, quien asiste Crettón Pereyra, habían solicitado a Barbagelata el “sobreseimiento” de sus clientes. Pero la jueza rechazó cada uno de los planteos, al hacer lugar a la contundencia del planteo del procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García y de la fiscal Laura Cattáneo, en el sentido de avanzar en la causa, después del parate que duró varios años, como consecuencia del cajoneo que adoptó el entonces juez de Instrucción, Héctor Toloy, quien nunca se apartó del expediente, pese a haber sido asesor de la Cámara Alta provincial. Según pudo saberse, la próxima semana, el procurador García irá en Casación ante la Sala Penal del STJ, integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, publicó Análisis Digital.