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a Santa Sede pidió que el vicario que el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, con jurisdicción sobre la diócesis de Paraná, el sacerdote Alejandro Bovero, inicie una investigación previa sobre las acusaciones que pesan sobre el cura Ilarraz. Según publicó El Diario, Bovero, ya escuchó el testimonio de una víctima, que antes declaró en la Justicia de Entre Ríos; aunque por delante podrían incorporarse tres nuevos testimonios. “Esta causa viene derivada directamente de la Santa Sede. No es un caso más del tribunal interdiocesano, que nosotros juzgamos. Además, esto no es un juicio. Es una instrucción previa”, aclaró el sacerdote, párroco de la Sagrada Familia, de Santo Tomé, docente en el Seminario de Santa Fe y en la Universidad Católica. Consultado sobre la orden llegó desde la Santa Sede, Bovero reiteró que el procedimiento “está contemplado en el Código de Derecho Canónico. La Santa Sede o el mismo obispo del lugar pueden encomendarle al tribunal o a otro sacerdote esta instancia de investigación previa”. El cura Ilarraz carga sobre sus hombros con una causa penal en su contra en la Justicia de Entre Ríos. En septiembre de 2012 comenzó a instruirse una investigación, que acumula ya la declaración de siete víctimas, que contaron en Tribunales de qué modo el sacerdote, que entre 1985 y 1993 fue prefecto de disciplina en el Seminario, abusó de ellos, siendo adolescentes, cuando cursaban los primeros años de la secundaria como pupilos. El Vaticano tiene tres primeras denuncias y hay una cuarta que tiene en sus manos el Tribunal Interdiocesano, derivada desde Roma; y en los últimos días se sumaron otras tres. El caso que instruye ahora el Tribunal fue a partir de una presentación que hicieran, en abril, los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, querellante de una de las siete víctimas en la causa penal que tramita la Justicia provincial. En ese escrito, endilgan a Ilarraz la violación del sexto mandamiento, “no cometerás actos impuros”. Y se apoya en el canon 1.395 del Código de Derecho Canónico que establece que el sacerdote “con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”. El apartado 2 de ese mismo canon agrega, además, que el sacerdote que “que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. Con esa documentación en sus manos, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano está al frente ahora de una investigación previa, a pedido del Vaticano.