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l Gobierno tiene todo listo para aprobar este miércoles en el Senado, el proyecto de ley que dispone la segunda reapertura del canje de deuda. Se trata de una señal de voluntad de pago que se quiere enviar a la Corte Suprema en Washington, que por estos días decide si admite la apelación argentina, al fallo de Cámara que confirmó la sentencia del juez Thomas Griesa. El Senado que comenzará a las 12, no tendría previsto sorpresas. Miguel Pichetto tiene el número asegurado con el aporte también del radicalismo, que cuestiona los movimientos y señales del Gobierno a la Justicia de Nueva York, pero no obstaculizará la sesión. Según publicó Ámbito Financiero, el proyecto enviado por el Gobierno suspende la vigencia de los artículos 2, 3 y 4 de la ley cerrojo (26.017) "hasta tanto el Poder Ejecutivo declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados". Es decir, esta vez no existe una fecha formal para volver a cerrar el cerrojo. Los radicales plantearon que esa norma directamente debe derogarse. El radicalismo anticipó que si bien está en contra de la estrategia con la que el Gobierno manejó en los últimos dos años la deuda que se mantiene con los holdouts, apoyará este miércoles la votación de la reapertura del canje. Lo adelantaron el jefe de bloque, José Cano; la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, Laura Montero; y el jujeño Gerardo Morales. Todos acordaron que "la reapertura del canje debió haberse hecho antes", dijeron Montero y Cano. Por eso Morales anunció que el bloque radical apoyará la medida en general, aunque en particular apoyará un dictamen propio que elimina la ley cerrojo en lugar de suspenderla y pide que se cambie la jurisdicción de algunos de los bonos elegibles para el canje, una medida que el Gobierno había anunciado y finalmente no se incorporó ni en el proyecto llegado de la Casa Rosada ni en el dictamen. En contra En cambio, ya señalaron que no respaldarán el proyecto el peronismo federal y el Frente Amplio Progresista. Al respecto, la justicialista salteña Sonia Escudero explicó que el proyecto "prohíbe cualquier pago en mejores condiciones a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones legales, lo que parece anticipar que el Estado argentino no va a cumplir con un fallo de la Corte americana que disponga lo contrario". Desde el FAP, el bonaerense Jaime Linares confirmó que votará en contra al decir que "esta reapertura no soluciona el problema de fondo".