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a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una nota a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú para consultar si mantienen la petición realizada en 2005. Desde la ONG anunciaron que aportarán nuevas pruebas. A fines de 2005, el gobierno entrerriano de entonces y la Asamblea presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (con planillas con la firma de los vecinos) porque entendía que la instalación de Botnia y en ese entonces la española Ence, violaban derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay. Esta causa fue quedando inmovilizada y ahora se ha retomado el expediente y remitieron esta notificación para saber si los asambleístas mantienen la petición y, en caso de ser así poder conocer qué hechos nuevos que han ocurrido desde el 2005 a la fecha. Este tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la Asamblea, Ana María Angelini, adelantó que además de ratificar la presentación, aportarán nuevas pruebas, para lo cual se convocarán a los equipos técnicos de la Asamblea. Angelini indicó que “la ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”. “Para nosotros era una causa que había quedado archivada. Por eso, ver que hoy de nuevo se moviliza es algo muy importante porque tenemos esperanzas que se pueda avanzar”, añadió. La estrategia será no sólo aprovechar la ratificación de la denuncia, sino aportar nuevos hechos, aclarar que Ence no se instaló pero Botnia sí y que contamina de manera diaria, que no solo se incumplen con el Estatuto del Río Uruguay, sino también con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en cuanto a que no se realizan los monitoreos como fueron establecidos, publicó El Argentino. Antecedentes El 19 de septiembre de 2005 el entonces gobierno de Jorge Busti-Pedro Guillermo Guastavino denunciaron al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el informe elaborado por el gobierno entrerriano de entonces, se indicó que en esa presentación se “dejó claro en el texto que la presentación no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del ambiente y de la calidad de vida”. “La petición apuntó a que la CIDH declaráse que el Estado uruguayo violó la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias de esos proyectos en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas del río Uruguay”. Se entendió que el caso merecía el tratamiento de la CIDH porque, como ciudadanos argentinos, no se poseen, en el Estado uruguayo, recursos que habiliten para solicitar la protección jurisdiccional a fin de resolver la controversia. Desde el momento en que el hecho dañoso (ambiental y humano) se produce en un país extranjero con repercusión extraterritorial, cae la jurisdicción estatal. Esto es así por la particularidad de los daños producidos y determina la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que a derechos fundamentales se refiere. Así, toda vez que el daño conculca derechos humanos que trascienden la frontera del Estado agresor, la competencia de la Comisión se abre al ponerse de manifiesto la conducta lesiva del Estado sobre el individuo. Por último, en virtud de la necesidad de protección especial que merecen los niños, se requirió que la comisión solicite al Estado uruguayo que adopte todas las medidas para asegurar la no-exposición de los niños y niñas que habitan la zona de impacto ambiental directo a la gravísima contaminación ambiental que generarán las empresas, de acuerdo al informe de gestión del gobierno entrerriano.