E

l ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi "estuvo planificada", y confirmó que en adelante equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas. "Sin complicidades externas no hay posibilidades de que un prófugo pueda mantenerse en esa situación por más de 48 horas”, remarcó el ministro, al tiempo que señaló que “Interpol, Migraciones, las diferentes fuerzas policiales y la Unidad de Información Financiera se encuentran trabajando en el caso”. En una conferencia de prensa realizada en la sede ministerial, el funcionario reveló la existencia de casos que “constituyen una flagrante violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” y “dan cuenta de una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho”. En ese sentido precisó que un grupo de represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad permanecían internados en forma flagrantemente irregular y sin justificativo médico, por orden de los juzgados y tribunales orales a cargo de sus causas, en el Hospital Militar Central ‘Cosme Argerich’. Asimismo, anunció que, como resultado del estudio realizado por la Comisión de Evaluación Médica creada el lunes pasado para revisar la situación de esos pacientes, el Ministerio a su cargo requirió a los magistrados actuantes en cada caso el traslado inmediato de esas personas a las unidades penitenciarias correspondientes. Alak destacó que “la internación en estas irregulares condiciones constituye una grave violación a la Ley 24.660 de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” porque “configura un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad”. El ministro denunció “una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho”, y reafirmó que “el Gobierno nacional no permitirá ninguna situación de impunidad”. De las 11 personas internadas procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad, dos ya fueron reingresadas en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, ya que no tenían orden judicial de internación ni registraban criterio médico que justificara esa situación. En tanto, otras seis habían recibido el alta médica, pese a lo cual permanecían internadas; lo que motivó que el Ministerio comunicara su situación a los juzgados que dispusieron las internaciones para que revean y rectifiquen de manera inmediata la medida de alojamiento, ya que los pacientes están en condiciones de continuar sus tratamientos en forma ambulatoria. El interno restante espera una nueva evaluación médica antes de que se defina su situación, y los dos restantes se encuentran en condiciones de ser trasladados para continuar sus tratamientos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. Alak señaló que, los equipos médicos “han confirmado que no existen razones clínicas suficientes para que estos detenidos permanezcan alojados en ese Hospital”, y subrayó: “Esto demuestra que los funcionarios judiciales correspondientes avalaban situaciones de absoluta desigualdad y sostenían privilegios inadmisibles”. Según consignó Télam, el ministro reveló que, entre los casos analizados, se detectaron situaciones “insólitas”, y precisó que “uno de los represores alojados en el Hospital Militar estaba internado sólo porque debía realizar rehabilitación en una bicicleta fija; y otro por un lipoma, que no es otra cosa que una bolita de grasa, una patología por la que no hay en toda la República Argentina una sola persona internada en un hospital”. Alak mencionó también el caso de un represor que “estaba internado desde febrero de 2012 por una fractura de tibia y peroné”, el de otro que “permanecía alojado en el centro asistencial porque una vez, en una consulta de rutina, tuvo presión alta”, y finalmente el caso de uno que había quedado internado desde el día en que “se quejó de un dolor en el pecho”. Las medidas informadas por el ministro fueron tomadas conforme a lo anunciado el pasado lunes 29 de julio, junto a las carteras de Defensa y Salud, cuando quedó conformada una comisión de asesoramiento médico interministerial con el fin evaluar las historias clínicas y determinar, junto a los médicos tratantes de cada uno de los pacientes, el real estado de salud y la conducta terapéutica a seguir con los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad alojados en centros de salud de las Fuerzas Armadas. Alak aclaró que el informe presentado este viernes es el resultado del trabajo realizado en las últimas 72 horas sólo en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich”, y anunció que la misma evaluación, con similares criterios y procedimientos, se extenderá al resto de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, tanto pertenecientes a las Fuerzas Armadas como a las de seguridad, que se encuentren internados en centros de salud dependientes de esas instituciones, como por ejemplo el Hospital Churruca.