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n una sesión cargada de chicanas políticas y cuestionamientos, los concejales decidieron, por mayoría, pasar a comisión el veto parcial del Ejecutivo sobre la ordenanza 9130 por la cual “se prohíbe dentro del ejido de Paraná el establecimiento y o formación de barrios cerrados”. El Ejecutivo también remitió por nota la fotocopia del decreto 1169, por el cual “se dispone el veto parcial” de dicha ordenanza. Votaron a favor de pasar a comisión dicho veto, todos los concejales oficialistas, aunque ninguno en su discurso dijo expresamente estar de acuerdo la decisión del Ejecutivo, sí, dejaron claro que responden a un gobierno y que son partidarios de seguir dialogando. El concejal radical Miguel Rettore dedicó más de media hora a criticar al Ejecutivo por vetar las ordenanzas y denunció un “avasallamiento al cuerpo legislativo”, pidió a sus pares que “mantengan la dignidad”, rechazando el veto. Su compañera de banca, Adriana Torner no acompañó la iniciativa y manifestó que se abstendría de votar porque el tema forma parte de una interna a la cual reconoció que no entiende. Marcelo Haddad, por su parte, tildó al a intendenta Blanca Osuna de “autoritaria” e ironizó que “únicamente le faltaba la corona para ser reina”. Les pidió a los justicialistas que “se hagan cargo” de lo que votan y lo que proponen y los invitó a rechazar las modificaciones del Ejecutivo al proyecto aprobado por unanimidad. Cristina Sosa, por su parte, defendió el accionar del Ejecutivo en su política de gobierno, aunque no se pronunció al favor del veto. Natalia Osuna, María González, Juan Manuel Huss, Verónica Martínez y Rosana Núñez, criticaron la postura de la oposición, aseguraron que por mandar a comisión el proyecto no pierden la dignidad y los acusaron de “utilizar la banca del recinto para hacer campaña”. Enrique Ríos (Bloque Eva Perón) pidió que se trate en comisión la norma y se llegue a una propuesta superadora. El presidente del bloque oficialista, Gustavo Guzmán, manifestó que personalmente no está “de acuerdo con las prohibiciones”, pero argumentó que siendo parte de un partido político y entendiendo que todos estaban de acuerdo, decidió apoyar el proyecto en el Concejo. No obstante, admitió que no debería aceptar el veto, pero aclaró que bregará por que sea debatido en comisión nuevamente. Fue el presidente del cuerpo, Gastón Grand, quién más cuestionó la medida, al bajar al recinto. Explicó que no tuvo participación en el proyecto formulado por el Ejecutivo, a pesar de ser parte de él y ser “un entendido en la materia”, sin embargo, recordó que lo defendió en el recinto. Para Grand, el debate en comisión, con la participación de distintos actores, mejoró mucho la norma, “porque había salido del mundo de la abstracción y de la visión ideológica y se había transformado en una herramienta”. Aunque reconoció que también es “incompleta”. “Debo decir que el proyecto que mandó el Ejecutivo no era un buen proyecto, desde el punto de vista de la herramienta que tiene que regular el territorio, sí era un buen proyecto desde el punto de vista de la expresión político ideológica”, aclaró. En cuanto a la cuestión técnica, explicó que “hay en las normas urbanísticas muchas diferencias, de escalas, de complejidades y de temas”. “Tenemos las normas que regulan los usos, las que sectorizan la ciudad en base a los usos, las que regulan los volúmenes edificables, las magnitudes, los edificios, la cuestión edilicia, las que regulan la cuestión constructiva. Y tenemos las normas que regulan el tejido urbano, que es la forma de adquiere, en la mayoría de las ciudades, la cuadrícula, pero en el caso de Paraná la topografía a veces la torna inadecuada”. En este sentido expresó que dichas normas, “son las que tienen que ver con la conformación del as urbanizaciones cerradas”. Según Grand, lo que estuvo trabajando el cuerpo en el interior de la comisión, “son las que están contenidas dentro las normas de tejido urbano” y detalló que se “se habla del tamaño de la manzana, del atravesamiento de las calles públicas de los distintos corredores, de los calibres de esas arterias, por donde van a pasar las infraestructuras públicas, el transporte, de cuanta es la donación del municipio de reserva, de los retiros de la edificación, del arbolado, donde van a estar ubicados los postes de servicios y se habla del tamaño de la parcela. Cuando el Consejo Deliberante incorporó como punto mínimo de ese tejido a la manzana, es correcto. La manzana no puede ser nunca un barrio cerrado, puede ser otra cosa, que también podemos tratar de evitar, pero no es un barrio cerrado”. Entonces, “realmente no termino de entender el veto, no lo entiendo, no he tenido la posibilidad de dialogar para poder entenderlo del todo. He leído los argumentos y creo que los fines a los que perseguía la norma se cumplían absolutamente”, lamentó el presidente del Concejo. Opinó además que “la norma como fue enviada, más allá de que tenía una cantidad de pretensiones políticas y visiones de ciudad, no alcanza para ser una norma aplicable” y en ese sentido ejemplificó que tiene que servir para que “cuando le llegue al funcionario de fiscalización diga: No, no se puede o sí se puede, porque está tipificado así”. “Entonces, la variable incorporada me parecía correcta, aunque insuficiente porque las normas urbanísticas son complejas y como la ciudad es un sistema, cuando una toca una perilla modifica otros componentes”, consideró Grand, al tiempo que argumentó: “Entonces debería ser asumida desde esa complejidad y no solo desde una visión ideológica”. Más adelante, el presidente del Concejo informó que “no tienen una gran demanda hoy las urbanizaciones cerradas”, a lo que agregó que la realidad indica que es lo contrario: “Tienen vastos problemas para poder ser comercializadas”. “También debo decir que las dos o tres que existen han sido aprobadas todas por excepciones a la normativa existente, que ya no las permiten o tienen mecanismos de regulación que las tornas inviables. Entonces hay muchos mecanismos para regular que se hace y que no se hace”, manifestó. Expresó que “siendo parte de este gobierno”, le parece “positivo” que se vaya “a una instancia donde el departamento Ejecutivo pueda nuevamente proponer un enriquecimiento de la norma si así es que lo desea”. Reiteró sin embargo que “desde lo técnico no se comprende y desde lo político creo que hubiera podido subsanarse con un decreto reglamentario”. “Lamento el veto pero de todos modos creo que podemos lograr una instancia de poder reunirnos de nuevo todos los actores y sacar una norma superadora de la que tenemos”, agregó. Finalmente, recordó al presidente de la comisión de Legislación, Juan Manuel Huss, que tiene 15 días para resolver la cuestión de fondo y se comprometió con las entidades intermedias que participaron de la iniciativa a volver a convocarlas, publicó Apf.