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os bancos comenzaron este lunes a implementar el canje de dólares por bonos. De esta manera, tal como se aprobó mediante la ley de blanqueo de capitales impulsada por el Ejecutivo nacional, los particulares que posean dólares fuera del sistema financiero podrán cambiarlos por un Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN), por el mismo monto de las divisas entregadas. En este sentido, la Comisión Nacional de Valores aclaró que una vez que se tenga el certificado con el sello de “aplicado”, el portador podrá cobrar los dólares en el acto a la entidad financiera. Además, aclararon que la operación no tiene “costo alguno para el público”. El blanqueo de capitales se extenderá, en principio, hasta el 30 de septiembre. El blanqueo que regirá por tres meses habilita el ingreso de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos.
A cambio, se podrá optar por el CEDIN, orientado principalmente a operaciones inmobiliarias y que, entre otros usos, podrá venderse en el mercado secundario como cualquier bono, a particulares y empresas, y negociado por entidades financieras, el Merval, el MAE y casas de cambio, sin ningún tipo de restricción.
Por otro lado, se podrá elegir por el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), que técnicamente se emitirá el próximo 17 de julio y tendrá una validez de 3 años, podrá ser registrable o al portador y tendrá una renta anual del 4 por ciento.
Oposición en desacuerdo
Ante la entrada en vigencia de la ley de blanqueo de capitales los bloques los bloques de la oposición recordaron el compromiso de sus fuerzas políticas, explicitado en la declaración conjunta que dieron a conocer el 17 de mayo pasado, de dejarlo sin efecto inmediatamente en cuanto obtengan las mayorías parlamentarias necesarias para ello.
La declaración, impulsada por Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque de la UCR, llevó también las firmas de Alfonso Prat-Gay, presidente del bloque de la Coalición Cívica; Federico Pinedo (Pro), Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Enrique Thomas (Frente Peronista), Graciela Ocaña (UDESO) y Patricia Bullrich (Unión Por Todos).
“Esta suerte de autoamnistía viola diversos tratados internacionales suscriptos por Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero, soborno transnacional y corrupción. Es, por lo tanto, no sólo groseramente inmoral sino también palmariamente ilegítima. Se trata de una verdadera afrenta a la enorme mayoría de los argentinos, que trabaja honestamente, respeta las leyes y paga sus impuestos”, señalan.
Los diputados sostienen que “el proyecto establece la herramienta necesaria para garantizar la impunidad de gravísimos delitos a través de la utilización de testaferros, eximiendo a los blanqueadores de la inexcusable obligación de declarar el origen de los fondos”.
“Por lo tanto, reiteramos nuestra advertencia a quienes pretendan ampararse en privilegios ilegales para usufructuar dinero sucio. Si lo hacen, serán los jueces los que deberán determinar en cada caso concreto si existen derechos adquiridos. Todo ello sin perjuicio de que una ley argentina no puede garantizar la amnistía en las jurisdicciones extranjeras donde también pretendemos realizar las denuncias pertinentes, aún antes de derogar la eventual norma”, remarcan los legisladores opositores.
Por último señalan que “nuestras fuerzas políticas no van a tomar como un hecho consumado este manto de impunidad para la corrupción, lanzado por un gobierno que cada día intenta cerrar más los caminos de la verdad y la justicia”, consignó el Semanario Parlamentario.
