T

ras varias horas de negociaciones, fracasó la reunión entre las empresas de micros y la Secretaría de Transporte y, desde las 21, los choferes agrupados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) iniciarán un paro en los servicios de larga distancia. Asimismo, desde la oficina liderada por Alejandro Ramos anticiparon que a las empresas les podría caber una sanción penal por no respetar el acuerdo salarial firmado en el Ministerio de Trabajo. Por su parte, el secretario de Prensa de UTA, Mario Calegari, comunicó que “la medida de fuerza está confirmada. Hace un trimestre que venimos discutiendo y no hay ofrecimiento de nada”. Además, comentó que los empresarios “ofrecieron cero” de mejora salarial, pese a que iniciaron las negociaciones a principios de año. En este marco, recordó que el sindicato reclama un aumento del 23 por ciento, con un sueldo básico de 7.500 pesos. Mientras, el secretario Adjunto del organismo en Entre Ríos, Omar Migoni, comentó que “este paro será para los recorridos que en la provincia superen los 70 kilómetros”. Ante lo manifestado por los empresarios respecto a que no pueden pagar la suba si no obtienen más subsidios, el dirigente manifestó que a la solución a este tema “la deberán encontrar ellos, porque lo que nosotros pedimos no difiere mucho de los incrementos del resto de los gremios”. “Este paro será para los recorridos que, en la provincia, superen los 70 kilómetros”, aclaró Migoni en diálogo con Elonce.tv, al tiempo opinó que será “difícil llegar a un acuerdo”. Cabe recordar que a principios de este mes, la UTA había lanzado un paro por tiempo indeterminado, que se extendió por cinco días y provocó graves trastornos, ya que dejó a miles de pasajeros varados. “Este paro es por ese mismo conflicto no resuelto. Nosotros levantamos en esa oportunidad las medidas de fuerza, pero las empresas no quieren dar el aumento que reclamamos”, explicó Calegari en declaraciones radiales que reprodujo Ámbito. Por su lado, la Secretaría de Transporte intimó a las cámaras empresarias del sector, bajo amenaza de “acciones civiles y penales” a prestar con normalidad el servicio. El reclamo lo hizo Ramos, mediante una nota en la que solicitó a los empresarios “abstenerse de toda medida que configure un incumplimiento al marco regulatorio que vincula al sector empresario con el Estado Nacional”. Ante la medida de fuerza, el funcionario advirtió que estamos en presencia de un “claro perjuicio de los usuarios de los servicios públicos involucrados y los trabajadores del sector”. Igualmente, advirtió a los empresarios que esas acciones estarán “bajo apercibimiento de ser pasibles de la sanción de caducidad del permiso, demás acciones civiles y penales que por derecho correspondan, atento que se configuraría como consecuencia de dicha conducta un impedimento al normal funcionamiento del servicio público de transporte”.