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a zona de seguridad del túnel Uranga-Sylvestre Begnis, sobre la cabecera santafesina, deberá quedar despejada a mediados de junio para dar cumplimiento a una decisión de la Justicia santafesina tras la audiencia entre la provincia y un ocupante privado que fue imputado de causar eventuales daños en la protección del viaducto subfluvial. La decisión de la justicia santafesina de despejar la cabecera en resguardo del enlace subfluvial y su seguridad, no es vinculante para Entre Ríos. Pero constituye un espejo jurídico y político ineludible en el que tendrá que mirarse la Justicia de la provincia para ejercer su jurisdicción, en resguardo de un bien interprovincial por génesis y federal por su función. Hugo Alberto Teodoro Rodríguez era el propietario en la isla Santa Cándida, de lotes linderos a la cabecera del túnel subfluvial. Durante la gestión de Hermes Binner (en 2008) Santa Fe expropió 83 hectáreas ubicadas entre la ruta de acceso al Túnel y el río Paraná. Rodríguez tenía una explotación ganadera en el lugar, y llegó a construir corrales, mangas y cargadero de hacienda, así como caminos y zona de maniobras para camiones jaula, sobre la zona de seguridad del Túnel e incluso arriba de una plataforma con estructura de hormigón que fue dispuesta como protección del enlace subfluvial y que llegaron a ser perforadas para las instalaciones de explotación ganadera. La zona de seguridad del Túnel fue contemplada en el acuerdo interprovincial vigente, un texto que data de 1976 y es ley tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. Sin embargo, en Paraná se construyó un barrio privado. El empresario en cuestión dice que compró los terrenos a la Municipalidad. Tras un freno, el ex gobernador Jorge Busti le dio vía libre al proyecto, que estaría ocupando un lugar prohibido. El caso ahora será tratado en el Congreso de la Nación por pedido del diputado nacional santafesino, Antonio Riestra (Unidad Popular).