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n relación a la polémica creciente alrededor del gravísimo hecho policial generado por la balacera que sufrió un equipo de trabajadores de la AFIP en Villa Elisa por parte de un productor rural desde una camioneta Toyota Hilux, y que luego de ser apresado por la Policía de la provincia fue liberado por el fiscal actuante. El titular de la Ater, Marcelo Casaretto se sumó al pedido para remover al fiscal, Juan Blanc. De esta forma acompaña al presidente del bloque oficialista de la Cámara Baja, Juan Navarro, quien había adelantado que solicitará iniciar un jury de enjuiciamiento al funcionario judicial que dejó en libertad al productor agropecuario, Sebastián Fagundez, acusado de atacar a balazos a inspectores de la AFIP. “En vez de estar analizando cómo es o cómo debe ser la caratula de un expediente judicial hay que pensar que podríamos estar lamentando la muerte de 4 personas, simples trabajadores, padres de familia”, sostuvo Casaretto, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. Casaretto, al igual que el titular de la ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) reclamó que “la justicia haga lo que tenga que hacer, es necesario actuar con responsabilidad y no mirar para otro lado ni andar con tecnicismos que desvíen la mirada de la cuestión principal que claramente ha sido el intento de asesinar a todos los ocupantes del vehículo”. El funcionario provincial expresó que “es horroroso escuchar al propio Fiscal Blanc aconsejando como cometer un crimen y al mismo tiempo como quedar libre!”. Para Casaretto eso es lo que hace el Dr. Blanc cuando en declaraciones periodísticas dijo “si hubieran querido matar hubieran apuntado más alto o los hubieran tirado a la banquina”. “Es un error sostener que esto es una locura aislada, son hechos que devienen de tener una concepción de impunidad, de creer que se puede hacer cualquier cosa y seguir caminando por las calles como señores y eso ya no es posible en esta argentina”, agregó el funcionario provincial. Agregó que “estimo razonable que el Procurador General que tiene toda una trayectoria de garantizar la vigencia de los derechos y garantías que contempla nuestra Constitución no sea solo garante de la corporación agraria, también lo debe ser de los trabajadores de los organismos de recaudación nacionales, provinciales y municipales”. “Es cierto lo que dice el Fiscal García, no se puede poner en cana a alguien solo por las dudas, pero claramente no es este el caso, fíjese que Fagundez está señalado como autor de los disparos porque su vivienda fue allanada por orden del propio fiscal cuestionado, y allí se encontró un verdadero arsenal que no cualquier vecino tiene en su poder, de ahí que a mi modesto entender es ridículo decir que no hay pruebas suficientes”. “Hay pruebas objetivas, un arsenal, pólvora en la Toyota, y es más, también hay algo más que indicios de que hubo un intento de ocultar esas pruebas, entonces es claro que el comportamiento profesional del Fiscal actuante deja mucho que desear”, continuo Casaretto. El titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos sostuvo que, “me preocupa enormemente que ese individuo siga en libertad porque es peligroso no solo por sí mismo, sino también porque es un muy mal ejemplo para muchos de su misma conformación mental e ideológica que crea que eso se puede hacer, que se puede acribillar a balazos a un vehículo cargado de personas que se salvaron solo porque las balas dieron en unas valijas”. Asimismo agregó que, “Permanentemente hacemos operativos conjuntos con la AFIP y yo me siento en la obligación de reclamar frente a estas situaciones por mis compañeros de trabajo, por sus familias ya que me siento responsable de ello”. Casaretto se mostró confiado en que más allá de la polémica acerca del mecanismo que corresponde aplicar para evaluar la actuación del fiscal, “el propio Procurador General García tiene en sus manos el remedio para subsanar el tema. La Constitución de la Provincia dice claramente que los fiscales auxiliares son nombrados y removidos por el Procurador General y por lo tanto es el propio García quien debe desligar al poder judicial de este hecho tan grave que lo expone socialmente”.