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a Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Municipales sancionó por 90 días al delegado sindical dentro de Tránsito, Maximiliano Abrigo y al afiliado Luis Contreras por 60 días, donde no podrán hacer uso de los servicios sociales de la organización gremial. Ambos fueron los voceros ante la prensa durante el conflicto gremial, que se inició el 10 de diciembre pasado, con asambleas en lugares de trabajo de tres horas diarias y que mantuvo paralizada parcialmente a la repartición. El conflicto gremial se suscitó por los serios problemas de infraestructura en el edificio y las falencias de herramientas de trabajo que no permitían el buen funcionamiento administrativo y del personal que trabaja en la calle. “Se me sanciona por estar al lado de los trabajadores cuerpo a cuerpo. Por defender nuestros derechos y nuestra dignidad laboral. Se me sancione por sostener el objeto y la finalidad de las entidades gremiales que son vigilar por las condiciones de trabajo y fomentar su mejora y exigir que lo que está escrito a favor de los trabajadores se cumpla”, explicó Contreras. “Además se debe velar por el cumplimiento de las distintas leyes de trabajo, tratados y jurisprudencias nacionales e internacionales. Si se nos acusa por eso, entonces bienvenida la suspensión”, manifestó. “Hubo una persecución y destrato para nosotros, como lo hace el Ejecutivo Municipal a través del director de Tránsito (por Esteban Izaguirre), al no ofrecernos horas extras como una manera de escarmiento, además de seguir sosteniendo la precariedad laboral”, agregó Abrigo. Las imputaciones A mediados de febrero de este año el Sindicato realizó una actuación interna imputando al delegado gremial de Tránsito y a Contreras de “resolver asambleas en el lugar de trabajo sin autorización de la comisión directiva del Sindicato”, como se expresa en la Carta Documento fechada el 15 de febrero enviada a ambos agentes. Además se los acusa de “agraviar por distintos medios al secretario general y a otros miembros de la Comisión Directiva del Sindicato”. Cinco días después, Abrigo y Contreras le respondieron mediante tres notas dirigidas al apoderado legal del Sindicato, Alejandro Briozzo, a la Comisión Directiva del Sindicato (SITRAM) y al secretario gremial Mario López, donde rechazaron de plano las acusaciones. Los agentes argumentaron que: “Se llegó a esa medida de fuerza a través de una decisión colectiva del 80 por ciento del personal -sobre un total de 56 empleados de planta permanente- al ver que no había respuesta a los insistentes reclamos a través de distintos expedientes, que daban cuenta la necesidad de respetar el Artículo 15° del Estatuto del Empleado Municipal que obliga al Ejecutivo a proporcionar en tiempo y forma las herramientas e indumentarias adecuadas para el desarrollo de las actividades diarias de los agentes”, explicaron. Otro aspecto era el pedido de una apertura del diálogo para llegar a un acuerdo sobre el adicional por función que hoy está en un 50 por ciento por sobre el sueldo básico de cada categoría. Este adicional está basado por la dedicación “full time” en la actividad, en la cual los agentes están sujetos a agresiones físicas y verbales en los procedimientos en la vía pública, además de tener que hacer trámites judiciales por fuera de su horarios de jornadas laborales. Al no haber respuesta a los expedientes y cansados de esperar las soluciones que tardaban en llegar, sucedió lo inevitable. Si bien los dirigentes gremiales en la repartición utilizaron todas las vías administrativas para evitar la confrontación, pero al ver que el Sindicato no los respaldaba decidieron hacer asambleas en el lugar de trabajo. No obstante, el Artículo 27° del Estatuto Interno del SITRAM, establece que: “La suspensión que no podrá exceder los 90 días, no privará al afiliado a su derecho a voto y a ser candidato a cargo electivo dentro de la organización gremial”. Los empleados consideran que es un hecho persecutorio, dado que de “los 44 empleados que se adhirieron a la medida de fuerza”, el Sindicato solo sancionó a Abrigo y a Contreras quienes hicieron declaraciones en los medios de prensa locales, “en defensa de los derechos de los trabajadores”, según manifestaciones de los propios trabajadores. Dentro del grupo de empleados que participaron en las asambleas, había un miembro de comisión directiva del Sindicato, que no fue ni siquiera apercibido. Tras la medida de fuerza, el Ejecutivo proporcionó la indumentaria de verano al personal de Tránsito y refaccionó los cuerpos de baños para los empleados y público en general, que era una de las exigencias realizadas en los expediente presentados en el 2012 por los mismos empleados. Sin embargo, todavía subsisten grandes falencias en cuanto a la disponibilidad de herramientas de trabajo. La balanza para el control del tránsito pesado sigue rota, el radar para medir la velocidad de los vehículos no fue reparado y la Dirección carece de unidades de apoyo logístico para el trabajo general de la repartición. También denuncian problemas de filtraciones en las oficinas de actuaciones y en el aula para rendir el examen teórico para obtener la licencia nacional de conducir. En el predio ubicado en el ex Frigorífico Gualeguaychú, que Tránsito emplea como depósito de vehículos retenidos en los procedimientos de alcoholemia entre otros, carecen de herramientas de seguridad para el desempeño de las guardias que desarrollan los serenos. Pero una de las principales preocupaciones de Abrigo y Contreras es el avance de la precarización laboral dentro del área, a raíz del incremento del personal, bajo la modalidad de “subsidiados” sistema de contratación inexistente dentro del Estatuto Municipal.