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na junta médica dictaminó que la mujer tenía que abortar, pero por presiones no se hizo. Se trata del caso de la mujer que fue autorizada por un equipo interdisciplinario de médicos para que interrumpa su embarazo porque corría peligro su vida, pero minutos antes de la intervención un militante antiabortista ingresó al hospital San Martín y acusó a los profesionales. La operación no se realizó y la mujer fue trasladada a Buenos Aires para dar a luz. En la medida se resolvió “disponer la instrucción de una información sumaria en el ámbito del hospital San Martín de Paraná, a los efectos de investigar y determinar la realidad fáctica”, ante la negación de profesionales de practicar un aborto no punible. El 4 de agosto de 2011, en un ateneo en el hospital San Roque y del que participaron obstetras y cardiólogos, se decidió sugerir a una paciente la realización de un aborto dado el riesgo para su vida y su salud si continuaba con el proceso de gestación. Es así que se derivó la paciente al San Martín para realizar la operación, debido que en ese nosocomio hay una terapia intensiva para adultos. De acuerdo al relato de los denunciantes, "el 11 de ese mismo mes, antes de entrar al quirófano, ingresó al lugar el cardiólogo antiabortista César Pazo y, a los gritos, exhortó a los profesionales a deponer la decisión de avanzar con la operación de interrupción del embarazo porque, de realizarlo, estarían cometiendo un crimen. La paciente ya había sido evaluada por una cardióloga. Anteriormente lo había hecho un equipo interdisciplinario del hospital de niños. La mujer, quien decidió desistir del embarazo, le mostró al excéntrico profesional que amenazó a sus pares el consentimiento firmado. Pero Pazo le dijo que eso no servía para nada". Se suspendió la cirugía y la paciente fue derivada al hospital Posadas, en el distrito de Haedo, en Buenos Aires, el domingo 14 de agosto. Ese día había elecciones. La mujer cumplía años. El 25 de noviembre se le hizo una cesárea, nació una nena y, exactamente una semana después, la madre sufrió un accidente cerebrovascular por el que perdió el movimiento del brazo y pierna izquierda, la deglución y el habla. Luego de un año de tratamiento de rehabilitación puede caminar, hablar y tragar. Pero su brazo izquierdo no tiene solución. Su historia clínica muestra que la mujer nació con una patología cardíaca congénita llamada tetralogía de Fallot, que ocasiona un cuadro de hipoxiacrónica, entre otras complicaciones. Es una enfermedad que se puede tratar con cirugía, pero la mujer nunca fue operada. Tuvo cinco abortos espontáneos, en 1997, 1999, 2001, 2002 y 2005. El último cuando cursaba el sexto mes de embarazo. Al mes de ese aborto espontáneo, en el hospital San Roque le autorizaron una ligadura de trompas, dado que cada nuevo embarazo ponía su vida en peligro. En su legajo está registrado que se llegó a internar para que le realizaran la ligadura tubaria, pero se le dio el alta sin hacérsela porque el “quirófano no estaba en condiciones”. La Resolución Nº 313, que dispone la información sumaria y a la que tuvo acceso Página Judicial, es producto de una denuncia realizada por representantes del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales, quienes no tienen dudas de que se violó el Artículo 86 del Código Penal, que permite la practica de abortos en casos especiales. A la presentación la realizaron la obstetra Carolina Comaleras y la trabajadora social Silvia Primo. Le solicitaron al entonces ministro de Salud, Ángel Giano, que investigara los hechos acontecidos para “establecer si existió conducta reprochable pasible de sanción disciplinaria” por parte de agentes de la administración pública. El trámite aún no está en la etapa de sumario, sino de una “investigación sumaria”, según se precisó. La Dirección de Sumarios, que depende de la Fiscalía de Estado, no se expidió sobre los profesionales intervinientes. Muchos han declarado. El jueves lo hizo Primo. Un repaso por lo publicado en los medios y la reacción de algunos funcionarios cuando sucedió el hecho dejan al descubierto palpables contradicciones. La opinión adversa del jefe de Ginecología del San Martín, Miguel Schnitman, fue aparentemente lo que impidió que se le practicara el aborto a la mujer oriunda de María Grande. Así lo indicó oportunamente el médico Leonardo Gubspun, secretario técnico del hospital San Roque. “Los médicos del hospital no se sentían con la experiencia suficiente como para tratar un cuadro como el que presentaba la paciente, y llevar adelante el acto médico. Por eso, deciden derivarla para que sea evaluada por gente que tiene experiencia con este tipo de pacientes”, señaló el profesional. Sus palabras se contradicen con lo resuelto por el ateneo constituido en el nosocomio al que pertenece.