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cinco años de la publicación de la norma que modificó el ritual de investigación y juzgamiento de los delitos penales en Entre Ríos, continúa el plan de implementación por etapas de las instituciones del nuevo código. El Poder Judicial informó ayer que, el próximo martes 5 de febrero, en Gualeguaychú, tendrá lugar la ceremonia de inicio de actividades y acto de jura y puesta en posesión de cargos de los magistrados y funcionarios, designados con motivo de la implementación de la tercera etapa. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), aprobó en el acuerdo general número 36/12, el 27 de noviembre del año pasado, una serie de propuestas efectuadas por la Comisión de Implementación del nuevo código, para la puesta en marcha del sistema acusatorio en el sur de la provincia. El código comenzó a aplicarse en Concordia, Feliciano, Federal y Federación. Luego, en 2011, en una segunda etapa, se adaptaron los operadores del sistema penal de Uruguay, Colón, Villaguay y Tala. La tercera etapa diagramada por la comisión, incluía a los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá y Victoria, pero según se indicó, en la última jurisdicción mencionada, por cuestiones operativas, comenzará a regir el nuevo proceso el 31 de marzo de este año. Jura La comisión de implementación está integrada por los miembros de la sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, Claudia Mizawak, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia, el procurador general Jorge García, y el defensor general Maximiliano Benítez. La adaptación de los tribunales al nuevo sistema requiere ajustes edilicios, de personal y de metodología de trabajo, por lo cual, desde 2010 se trabaja para la puesta en práctica, y se dividió la provincia en regiones. El martes próximo, los miembros de la comisión, junto a la presidenta del alto cuerpo, Leonor Pañeda y demás vocales, participarán de una ceremonia en el Salón del Instituto Osvaldo Magnasco de Gualeguaychú, donde tomarán juramento y pondrán en sus cargos a los nuevos jueces de garantías, fiscales, defensores y demás funcionarios del fuero criminal. Previamente, durante la segunda mitad de 2012 se llevó adelante una actividad de capacitación sobre la reforma, dirigida a los futuros operadores, como así también actualizaciones informáticas y edilicias. Resultados Desde el STJ se destacó que de este modo, gradual, “se avanza en el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Ley Provincial Nº 9754, con el objetivo de completar dicho proceso durante el corriente año en la totalidad de las jurisdicciones de la provincia”. En lo sustancial, el cambio implica que los hasta ahora jueces de Instrucción cesarán en su tarea de investigador y desempeñarán funciones de magistrados de Garantía, controlando el respeto de los derechos constitucionales en la investigación preparatoria. El cambio de modelo implica, principalmente, que esa investigación quede en manos de los fiscales, quienes asumen la labor de verificar que haya un hecho ilícito y comprobar si el caso es de su competencia. Después, deben reunir los elementos suficientes para sostener que tienen un caso, y buscar pruebas para ver si esa causa debe llegar a juicio o resolverse con alguna solución alternativa: por ejemplo, la mediación penal, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado. Según el STJ, uno de los principales cambios favorables observados hasta el momento en los departamentos donde ya es de aplicación la ley Nº 9754, consiste en la marcada reducción de los plazos en los procesos: “de un promedio general de tres años, entre el hecho y el juicio, se ha pasado a un promedio de un año en el 80% de los casos” se graficó desde el STJ.