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e la redacción de INFORME DIGITAL El caso en que se investiga al cura Justo José Ilarraz vuelve a la escena judicial luego de la feria de esta repartición del Estado. La investigación que está en manos del juez de Instrucción Alejandro Grippo, tiene el testimonio de siete víctimas, ex seminaristas entre 1985 y 1993, cuando Justo José Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario. Uno de los documentos enviados el 22 de septiembre a pedido de la justicia entrerriana ya circula por la prensa y compromete como gran responsable de encubrir la investigación a Alberto Puiggari, ya que vivía en el Seminario y conoció niños que le contaron lo sucedido. Cabe recordar que Puiggari era el veedor inmediato del obispo, ya que le transfería información a Estanislao Karlic. Según el análisis del documento que es revelado por INFORME DIGITAL, el actual cardenal tiene responsabilidad porque se enteró de los hechos, encomendó realizar una investigación y archivó lo realizado. Para iniciar el mal denominado Juicio Diocesano, en realidad más parecido a sumario administrativo, el Arzobispado invocó el Código de Derecho Canónico que “preveé la realización de una investigación cautelosa acerca de los hechos y las circunstancias". Estanislao Karlic encomendó hacer la investigación al padre Silvio José Fariña (actual Parroco en la catedral de Paraná), con la ayuda del padre Alfonso Frank (actualmente Vicario de la Diosesis de Concordia ), y Alberto Puiggari (hoy Arzobispo de Paraná). En el documento, del 5 de julio de 1995, titulado “Estanislao Esteban Karlic. Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica” (Ver Adjunto), Karlic pide que el resultado de la investigación se haga “con la mayor brevedad posible para actuar según derecho”. Este punto del escrito parece indicar que de constatarse los abusos serían denunciados a la justicia entrerriana, pero no. En el punto tercero, Karlic solicita que la “investigación realizada con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto cómo actuar, según prescribe elc. 1718, se guarde en el archivo secreto de la curia, así como el presente decreto y todo aquello que precede o concluya la investigación”. Cabe destacar que la primer página del documento no está foliada como corresponde, lleva el sello del Arzobispado de Paraná y la firma con el sello del Arzobispo de la capital entrerriana en ese entonces, Estanislao Karlic, más la rúbrica del notario Silvio Fariña. El mensaje era claro. Se debía guardar la investigación bajo cuatro llaves, evadir la justicia y no denunciar los hechos y al padre Justo José Ilarraz. Otro dato es que la toma de declaración de los chicos en 1995 se llevó a cabo en la Parroquia San Cayetano (Ver segunda imagen), un lugar alejado por unos dos kilómetros aproximadamente del Seminario. Se presume que se trasladó a los niños para que los demás seminaristas no sospechen que algo sucedía. Según los testimonios de las víctimas al juez Grippo los padres de los chicos no fueron avisados sobre dicha investigación. Pese a que desde el Arzobispado afirman que van a colaborar con la justicia luego de más de veinte años de silencio, se suman más interrogantes a la causa. Por ejemplo, en la investigación que pidió hacer el entonces Arzobispo de Paraná, Karlic, existen a primera vista ciertas discrepancias y errores. En un escrito de puño y letra del entonces Promotor de Jusitica, Presbítero Luis Zanitti (Ver adjunto), -quien murió en octubre y era considerado testigo clave- pone más sospechas a lo ocurrido. Este hombre de fe era una especie de fiscal en la investigación que abrió el Arzobispado y efectuó su resolución el 29 de julio de 1995 donde pide que se eleve el caso a Roma (a la Congregación para la Doctrina de la Fe) pero la petición no fue tenida en cuenta. A la luz del escrito se observa un tercer texto de vital importancia. Se trata de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de Roma, con fecha del 6 de septiembre de 1995 (Ver adjunto). Allí se indica que Karlic envió documentación a la Congregación el 25 de julio de 1995 “relativa a la denuncia ‘de pesimo’ contra un sacerdote de esa Aquidiósesis”. Lo llamativo del caso es que se afirma que Karlic remitió documentación al Vaticano antes de que el Promotor de Justicia, es decir, Zanitti emitiera su resolución- el 29 de julio-. Cuatro días de diferencia que ponen en duda lo que en realidad envió el entonces Arzobispo. Finalmente no se impuso ninguna pena extrema a Ilarraz, se lo dejó seguir ejerciendo el sacerdocio, aunque se lo obligó a abandonar la diócesis. Actualidad de la causa El 28 de diciembre hicieron la denuncia civil tres de las siete víctimas de aquellos abusos que podría derivar en un pedido de resarcimiento económico por daños y perjuicios. Esto provocó que este jueves el abogado Marciano Martínez, representante legal del cardenal Estanislao Esteban Karlic declarará ante las cámaras que “esto se ha transformado en una cuestión económica, quieren plata”. Y se preguntó “cuál es la responsabilidad económica de monseñor Karlic, no se nos ha comunicado tampoco por qué es la demanda civil contra él”. “¿Por qué va a ser responsable Karlic de una indemnización civil? ¿Dónde está el daño? ¿Cuál es la motivación? No sabemos nada”. Martínez indicó que Karlic “está sorprendido, no sabe porqué es, cuáles son los motivos. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad civil, un hecho ocurrido allá por 1980, cuando solamente a dos años prescribe? No entender eso es no entender nada”, dijo. La prescripción Según todos los elementos probatorios recabados por el juez, y los testimonios de las víctimas serían suficiente para rechazar el planteo de prescripción formulado por la defensa de Ilarraz. "El tribunal de alzada deberá resolver dos apelaciones: una presentada por la Defensoría General de Pobres y Menores a la decisión del juez de Instrucción Alejandro Grippo de mantener la intervención en la causa del defensor Pablo Barbirotto. El defensor general Maximiliano Benítez entiende que no corresponde, porque se trata de víctimas de abusos que ya son mayores de edad. Pero el magistrado no compartió esa tesitura, así que la discusión será ahora saldada por la Cámara. Pero también los camaristas deberán atender un planteo hecho por uno de los abogados querellantes, Marcos Rodríguez Allende, luego de que el juez Grippo rechazara el pedido de imputación del cardenal Estanislao Karlic en el delito de comisión por omisión", según consignó El Once. Los enviados de Puiggari Según trascendió durante toda la causa que removió las estructuras de la iglesia entrerriana, ex seminaristas denuncian que Alberto Puiggari enviaría curas para persuadir de que no declaren en la causa ya que “se haría mucho daño a la iglesia”.