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a decisión la tomó la titular del Ministerio de Seguridad, Nilda Garré, y alcanza no sólo a imputados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sino a todos los integrantes de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria que tengan pedido de captura o hayan sido declarados en rebeldía. En los fundamentos de la resolución, la ministra explicó que la actual situación, con prófugos que continúan cobrando, implica “una contradicción inaceptable, ya que el mismo Estado que se encuentra realizando acciones concretas, destinando recursos materiales y económicos para dar con el paradero del buscado, posibilita mediante el pago de sus haberes la continuidad de las conductas evasivas”. Ampliar la información en la sección Entre Ríos en los medios nacionales. El ex oficial de la Policía Federal José Darío Mazzaferri es uno de los uniformados alcanzados por esta medida, imputado en la causa iniciada por la denuncia de César Román ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, como responsable de la detención y tortura de estudiantes secundarios en Julio de 1976, donde fueron víctimas Román, actualmente docente universitario residente en Mar del Plata, el propio Minatta y Juan Carlos Changui Rodríguez, actual secretario privado del vicegobernador José Lauritto, y el empleado municipal Carlos Martínez Paiva. Ante la orden de detención por parte de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, en mayo de 2009, su mujer esgrimió que el policía no vivía en el lugar y que desconocía el paradero y desde ese momento se encuentra prófugo.