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asta después de la feria judicial, no se aguardan novedades en la causa que investiga los abusos en el Seminario. Ilarraz, ahora desterrado en Tucumán, ejerció el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993, y durante ese tiempo habría cometido los abusos sobre pupilos, hechos que ahora investiga la Justicia. Los cargos, los testimonios y las pruebas contra el cura obran en la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, impulsada por la Procuración General de la Provincia, a partir del relato de siete víctimas, que contaron de qué modo Ilarraz abusó de ellos mientras permanecieron en el Seminario. El cura fue confesor y director espiritual de ellos, y aprovechó de esa situación para someterlos sexualmente. Pero no bien comenzó a instruirse la causa, el abogado de Ilarraz presentó un pedido de prescripción por entender que ya han pasado 12 años, el plazo máximo para perseguir el tipo de delito que se le pretende imputar al sacerdote. El argumento, sin embargo, fue rechazado por el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, y también por el representante de la Defensoría, Pablo Alejandro Barbirotto, y de confirmarse idéntica tesitura por parte del juez Grippo, el incidente recalaría entonces en la Sala Primera de la Cámara Penal –que integran Miguel Ángel Giorgio, José María Chemez y Hugo Daniel Perotti–, ya que se presume que la defensa de Ilarraz irá con un recurso de apelación ante el rechazo del magistrado. En apelación La certeza de ese rechazo de Grippo fue anticipada por tres fuentes judiciales, aunque con una salvedad. “Nadie lo va a confirmar oficialmente, ni va a salir a avalar el dato. Pero es así. Lo tiene redactado. Grippo es el juez de Instrucción más preparado, sin lugar a dudas, y está muy metido con este tema”, dijo uno de los consultados. El camino siguiente, una vez que el juez firme el rechazo a la prescripción –que no se daría a conocer antes de fin de año, como se presumió en un primer momento, sino que postergará la decisión para después de la feria de enero– sería la apelación por parte de la defensa. Todas las fuentes lo dan como un hecho, y no dudan de que ese será el camino que seguirá la defensa de Ilarraz. En ese caso, el planteo llegará a la misma sala que ya tomó parte en la causa Ilarraz, la Sala Primera de la Cámara Penal. Allí, también, se está tramitando otra apelación, la que presentó la Defensoría General, que cuestionó la decisión del juez Grippo de mantener la intervención del defensor Pablo Barirotto en la causa Ilarraz. El defensor general, Maximiliano Benítez, entiende que no corresponde esa participación, por cuanto todas las víctimas son mayores de edad. Pero el magistrado no coincide con esa posición, y ante un pedido del fiscal y los querellantes, reclamó su continuidad. Los camaristas, además, deberán resolver el recurso de apelación que presentó el querellante Marcos Rodríguez Allende en torno a la decisión de Grippo de rechazar el pedido de imputación del cardenal Estanislao Karlic en el delito de comisión por omisión. Grippo ya le otorgó la apelación, y ante ese tribunal de alzada llegó el expediente principal de la causa Ilarraz, con lo cual no se aguarda que haya ninguna novedad en la causa hasta después de la feria. Contra la defensa. La defensa de Ilarraz dice que se excedió el plazo de 12 años para perseguir la sanción del delito que se le imputa al cura, los abusos cometidos entre mediados de la década del ‘80 y principios de los ‘90. Y que por tanto hay prescripción, y así lo planteó al juez el abogado Fornerón. El fiscal de la causa dice lo contrario, y para ello se apoya en fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y en la denominada Ley Piazza, que amplió los plazos de prescripción en los delitos contra la integridad sexual de menores. Pero agrega un dato: presume que los abusos continuaron en el destino posterior que tuvo Ilarraz luego de que fuera expulsado, en 1996, de la diócesis de Paraná, por orden del entonces arzobispo Estanislao Karlic. Afincado en Tucumán, adonde ejerció el sacerdocio hasta el 7 de septiembre último, Ilarraz habría tenido idénticos comportamientos que aquí; es la tesitura de la Fiscalía, y por eso aguardan que avance una causa abierta en los tribunales de la provincia norteña. Pero además, Ramírez Montrull emparenta los delitos sexuales contra menores con los crímenes de lesa humanidad respecto de los plazos de la prescripción, y sostiene en un escrito que está incorporado al expediente principal de la causa que aquellos delitos más severamente condenados por la sociedad conllevan una pena mayor y el plazo de prescripción también aumenta. La cabeza de la acusación, el procurador General de la provincia, Jorge García, también entiende que el delito no está prescripto, y, por eso aguarda que el juez rechace el planteo de la defensa. Curiosa reacción Quizá sin proponérselo, el sacerdote Leandro Bonnin, vicario de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, fue quien primero movió las piezas del caso Ilarraz para que el tema saliera a la luz. En el mes de septiembre de 2010, Bonnin llevó la preocupación por un caso de abuso a la reunión mensual del decanato III de la diócesis – que integran parroquias de Paraná, Aldea María Luisa, Villa Urquiza, y Oro Verde–, y aquella preocupación se sumó a otros datos que tenían otros sacerdotes. Surgió entonces el nombre de Ilarraz, y fue cuando algunos sacerdotes empezaron a contar lo que sabían, lo que le habían contado algunas víctimas. Enseguida, Bonnin escribió las preocupaciones de todos en una nota, esa nota se discutió, y a mediados de aquel mes llegó a manos del entonces arzobispo Mario Maulión. En aquella carta, hablaron de la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná. Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos. Más alarmados se mostraron al comprobar la falta de abordaje por parte de las autoridades de la Iglesia del tema, sin siquiera existir una sanción canónica ni una denuncia judicial. El 3 de diciembre último, José Carlos Wendler, ahora alejado temporalmente del sacerdocio, declaró en la Justicia y contó que Maulión recibió bien aquella nota, aunque no así los integrantes del consejo presbiteral, especie de gabinete de ministros del obispo. Cuando se enteraron de la carta, hubo reproches de parte del vicario general, Cecilio Paul, y del canciller de la Curia, Hernán Quijano Guesalaga. En realidad, Quijano, capellán de la Policía de Entre Ríos desde 1984, ha tenido una postura curiosa respecto del caso Ilarraz: a principios de noviembre escribió en su cuenta de Facebook una frase que después, cuando fue publicada en un medio de comunicación, la eliminó de inmediato: “Los medios locales no dicen toda la verdad y están llevan (do adelante) un juicio mediático. Confío en la Justicia, no en los medios”. Antes, también se había quejado del mensajero. De acuerdo a lo que contó Wendler en la Justicia, tanto Paul como Quijano, de quien sus críticos se han mofado por el peculiar cariño que supo brindarle a su perro Hans, les reclamaron aquella vez, cuando presentaron la nota, que fueran a denunciarlo a Ilarraz a Tucumán, que no era problema de la Iglesia de Paraná, que el caso estaba prescripto, que Ilarraz se había “curado”. Al margen El último testimonio que se sumó a la causa judicial fue la declaración del sacerdote Silvio José Fariña Vaccarezza, que dejó en una situación comprometida al cardenal Karlic. Relató que fue el ex arzobispo quien viajó a Roma a escuchar el pedido de perdón de Ilarraz, y quien dispuso, también, que la investigación interna de la Iglesia no llegara al Tribunal Interdiocesano de Santa Fe.