E
n tanto, solicitó la pena de 12 años de reclusión para el ex policía de la provincia Juan Carlos Mondragón, 13 años para el ex comisario Marcelo Pérez y 14 años para el teniente coronel Santiago Kelly del Moral. Para los ex integrantes de la Policía Federal Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, requirió 20 y 25 años, respectivamente. Según precisó el fiscal José Ignacio Candioti, quedo acreditada la responsabilidad de los imputados en los delitos de allanamiento ilícito de domicilio, tormentos en forma agravada, privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. En los casos de los jefes de las Áreas de Defensa 225 y 223, interpretó que deben ser condenados por los homicidios agravados de los desaparecidos Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi. El alegato también incluyó la demanda para que se revoquen las prisiones domiciliarias. “Durante años gozaron de su impunidad, por eso consideramos que es hora de que la Justicia actúe en consecuencia”, exhortó. En la segunda parte del alegato crítico del Ministerio Público, se especificaron las responsabilidades de los imputados en los hechos que se investigan en las causas acumuladas, esto es, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. En la jornada anterior, la fiscal Marina Herbel se había encargado de exponer la plataforma fáctica ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. recordó Análisis digital. Autorías e imputaciones Candioti relacionó las pruebas recabadas con el accionar de los acusados y realizó una distinción en las autorías. Precisó que autor mediato es “quien da las órdenes o las retransmite, porque sabe que siempre va a haber un ejecutor dispuesto a cumplirlas”. Lo que no elimina la responsabilidad del ejecutor, en su calidad de coautor material: “Tenían capacidad de comprensión, conocieron el injusto y actuaron de todos modos, y tenían la posibilidad concreta de negarse a cumplir las órdenes ilegítimas”, argumentó. En ese orden, señaló las coautorías materiales. Dijo que Mondragón estuvo en el allanamiento del domicilio de los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino, así como en su privación ilegal de la libertad agravada; por lo que pidió la pena de 12 años de reclusión. Igualmente, consideró que Kelly del Moral es responsable de la privación de la libertad agravada de los ex presos políticos y que aplicó tormentos agravados a Jaime Martínez Garbino. Para el teniente coronel retirado solicitó 14 años. Además, demostró que Crescenzo participó del allanamiento en la casa de César Román y de su privación de la libertad agravada, al igual que la de Carlos Martínez Paiva. También aplicó tormentos agravados a ambos ex detenidos. Ante esto, requirió 20 años de prisión. Rodríguez estuvo involucrado en el allanamiento ilegal de los domicilios de César Román, Martínez Paiva, Juan Carlos Romero y Hugo Angerosa. A su vez, es responsable de la privación de la libertad agravada de éstos ex presos políticos, de Roque Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Valente y Jorge Felguer; a quienes torturó durante su cautiverio. Por estos delitos, evaluó que deberá cumplir 25 años de prisión. En cuanto a las autorías inmediatas, el fiscal remarcó el rol de los jefes de las fuerzas de seguridad, en el marco del plan sistemático de represión y exterminio que azotó el país tras el golpe de Estado de 1976. “Hay un patrón común en los imputados, que es el componente ideológico”, afianzó, al tiempo que recordó que Dasso en su indagatoria habló de una “guerra” y que Valentino reconoció que era quien daba las órdenes en el Área 223. Para Valentino exigió la pena máxima en tanto fue responsable de los allanamientos de los domicilios de Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Angerosa. Tuvo un rol central en la privación de la libertad y el homicidio agravado de Noni González y el Ruso Dezorzi. De la misma manera, en las privaciones de la libertad agravadas de Angerosa, Felguer, Zapata, Rodríguez y César Román; y en la aplicación de tormento a Angerosa, Felguer, Jaime Martínez Garbino y Raúl Ingold. En tanto, sostuvo que Dasso merece idéntica condena por su vinculación con la privación de la libertad agravada de Zalasar, Solaga, Félix Román y Juan José Durantini. Es asimismo responsable del homicidio agravado de Solaga y Zalasar. Finalmente, para Pérez reclamó 25 años de reclusión, por el allanamiento de las viviendas de los hermanos Martínez Garbino y su privación de la libertad agravada. Los imputados, a excepción de Mondragón y Kelly del Moral, conformaron una asociación ilícita para cometer estos crímenes.