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a causa en la que el empresario era investigado fue declarada prescripta. Taselli era acusado de irregularidades en el manejo de 35 millones de pesos que recibió del Estado nacional cuando tenía la concesión del servicio del ferrocarril Roca. El caso es similar al de la tragedia de TBA, en el que los empresarios Cirigliano son investigados por el manejo irregular de fondos en la concesión, y desde ya no es una buena señal de cómo luego de años de investigación la causa queda en nada. La prescripción fue decretada por la jueza federal María Servini de Cubría luego de que el Tribunal Oral Federal número 4 en lugar de llevar adelante el juicio aceptó un pedido de la defensa y declaró nulo el requerimiento del fiscal Federico Delgado. Si bien el fiscal Delgado realizó un nuevo requerimiento, todo hacía presumir que la causa iba a prescribir. Así tras la decisión de Servini de Cubría, Taselli fue sobreseído y la causa por el desvío de unos 35 millones de pesos que el Estado cedió en concepto de subsidios entre 1994 y 2002 para mejorar el servicio ferroviario del Roca, quedó trunca. No obstante, el fiscal Delgado apeló la decisión de Servini de Cubría y la Cámara Federal podría revertir la situación. El fiscal evaluó que podría acusarse a Taselli por el delito de peculado, el cual es más "gravoso" que el de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por la cual estaba imputado. El delito de peculado prevé penas de hasta diez años de cárcel, y Delgado recordó que a la hora de evaluar si está o no prescripta la acción penal se tenga en cuenta que la causa involucra a funcionarios públicos y por ello "imponen una mayor resistencia al movimiento de los procesos penales en procura de realizar la ley penal (amplía la posibilidad de imputación)". "De este modo se inscribe la formula "para todos los que participan", porque se participa de un hecho y ese hecho es la unidad de análisis", agregó. Por último, Delgado reclamó que la calificación legal que corresponde sea algo a discutir en el juicio oral y público, el cual cada vez parece más difícil llegar. "Sostener lo contrario, significaría pretender el anquilosamiento de una etapa provisoria hasta el momento en que el Tribunal dicte sentencia, desconociendo que los fines de la instrucción es recopilar elementos de convicción como base fáctica para llevarse a cabo el juicio oral", alertó Delgado a la Cámara, la cual tiene en sus manos la posibilidad de revertir la situación.