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uerellantes de las víctimas de los delitos cometidos en Concepción del Uruguay abrieron los alegatos en el marco de la Causa Harguindeguy. Los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola expusieron sus fundamentos en relación a los casos de César Román y Carlos Martínez Paiva. Para los ex policías federales Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, solicitaron 25 años de prisión de cumplimiento en cárcel común del Servicio Penitenciario e inhabilitación absoluta y perpetua de las funciones públicas. En rigor, señalaron que los imputados son coautores directos penalmente responsables de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio (artículo 151 de Código Penal), privación ilegal de la libertad (artículo 144 bis inciso primero) agravado por su rol de funcionario público y por el uso de violencia y amenazas, y aplicación de tormentos (artículo 144 ter); todo en el marco de una asociación ilícita (artículo 210). Por su parte, el querellante Guillermo Mulet adhirió al requerimiento de condena por los crímenes contra Juan Carlos Romero, con la excepción de que solicitó una pena de nueve años para Crescenzo, ya que su participación en este caso se limitó a su asociación ilícita con los demás represores.