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e la Redacción de INFORME DIGITAL El presupuesto para el 2013 será tratado en la Cámara Baja provincial y se presume que se dará media sanción al proyecto que se debatió en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el ministro de Economía, Diego Valiero. En ese sentido, son varios los opositores que han expresado sus críticas, por lo que no acompañaran la iniciativa. Al respecto, la diputada del Frente Amplio Progesista (FAP) María Emma Bargagna planteó que "si bien este presupuesto es prolijo y está bien desarrollado técnicamente, no asume la inflación real en Argentina, y al estar atado a pautas macroeconómicas ficticias –basadas en las mediciones del INDEC–, se ve obligado a realizar todos sus cálculos y previsiones en base a datos que no se ajustan a la realidad". Asimismo, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, la legisladora consideró que el proyecto "evidencia la absoluta fragilidad de nuestra provincia y su enorme dependencia de la nación. De los 22 mil millones de pesos presupuestados, se recaudan sólo 3 mil millones en concepto de impuestos provinciales. Por lo tanto, el gobierno está totalmente sujeto a un proyecto que no respeta el interés general de la provincia, la que está sujeta a los criterios que impone la Nación". De igual modo, Bargana remarcó que “nosotros queremos que la provincia de Entre Ríos tenga un proyecto propio, un proyecto federal en la cual se pueda administrar por sí misma de acuerdo a sus necesidades, y no a tener una agenda discrecional marcada desde arriba”. Además, aseveró que el presupuesto "no prevé un aumento de sueldo y el gobierno argumenta que viene haciendo lo mismo todos los años, lo que no transmite ninguna tranquilidad. Muy por el contrario, anunciar que los aumentos estarán sujetos a la recaudación significa directamente que, ante una situación de crisis, los primeros en pagarla serán los trabajadores". Por su parte, desde el radicalismo, el diputado Pedro Ulloa adelantó que la bancada que integra rechazará el proyecto, y puso especial énfasis en la necesidad de garantizar la coparticipación a los municipios y juntas de gobierno. “Este no es un reclamo para mi municipio, nos preocupa la situación en la provincia. Se adeudan cuatro meses”.