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ste martes concluyó el juicio contra dos acusados de trata de persona para la explotación sexual. Es el segundo que se desarrolló en el año en Entre Ríos por este delito. Durante dos jornadas de testimoniales y debate, se intentó dilucidar los hechos ocurridos entre el 4 y el 7 de mayo de 2009, cuando una joven de 19 años radicó una grave denuncia: dijo que un hombre y una mujer la fueron a buscar a su casa en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, bajo la promesa de un trabajo digno, y la llevaron engañada para ejercer la prostitución en el prostíbulo El Desafío, de Concordia. Hubo pedidos de condena para Carlos Montiel y Susana Silva, por parte del fiscal José Ignacio Candioti, y de absolución por parte de los defensores Mario Franchi y José Ostolaza. Estuvieron presentes integrantes de la Red de Alerta contra la Trata de Personas, y de la Oficina de la Mujer y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. El fiscal destacó, además, implementar las sanciones contra los regentes de los prostíbulos, tanto mediante la clausura de los locales como aplicando la Ley de Profilaxis de las enfermedades venéreas, de 1937, que no solo protege la salud pública sino también la libertad y la dignidad de las personas. Engaño, captación y traslado El fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que Carlos Montiel manejó su camioneta hasta la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, donde buscó a la joven, entonces de 19 años, y la llevó a su cabaret de la ciudad de Concordia. Para eso fue clave el papel de su acompañante, Susana Silva, oriunda de aquella provincia, quien hizo de contacto con la víctima para engañarla, al presentarse como “una familiar lejana”. La trajeron bajo la promesa de un próspero y bien remunerado trabajo de niñera, pero al día siguiente le dijeron que debía prostituirse. Antes de hacerlo, la joven logró escapar, corrió y pidió ayuda, hasta que una familia la socorrió, la llevó a la Terminal de ómnibus y le dio dinero para regresar a su casa, pero en el lugar la contactó con la Policía. Candioti fundamentó la acusación con los testimonios que se escucharon en el juicio y también con las pruebas producidas durante la investigación. Entre ellas, la declaración de una vecina de la víctima que vio cuando dos personas la llevaban en un auto; también los policías que la asistieron y la llevaron a la Comisaría de la Mujer, el día que se escapó, quienes observaron su estado de crisis de nervios, y la denuncia de que la llevaron engañada a Concordia y la obligaban a tener sexo con clientes. A ambos acusados les adjudicó el delito de Trata de personas, como coautores, por la captación, el traslado y la recepción de la víctima, con fines de explotación sexual, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Esta, según el fiscal, se probó con el informe realizado en la entrevista mantenida por una profesional con la víctima, donde se remarcó su precariedad cultural y pobreza estructural, sin sus necesidades básicas cubiertas, e incluso se afirma que estaba “al borde de la cosificación y de la esclavitud”. Es decir, con sus “facultades disminuidas para poder ejercer sus derechos” y ser víctima de este delito. Para Montiel, de 41 años, Candioti pidió que se lo condene con la pena máxima del delito: seis años de prisión efectiva. En cambio, para Silva, de 25 años, solicitó tres años y medio, ya que si bien participó de la captación y traslado de la joven, ella no obtenía un provecho económico propio. Por otro lado, el fiscal acusó a Montiel por la infracción de la Ley 12.331 de Profilaxis de las enfermedades venéreas (del año 1937), por ser el administrador y regente del prostíbulo El Desafío de Concordia, y pidió sancionarlo a pagar la multa de 25.000 pesos. Además, para el supuesto de que el cabaret continúe funcionando en la actualidad, pidió que el tribunal ordene su clausura, tanto por la Ley de profilaxis como por normativas nacionales e internacionales. La víctima "fabula y miente" José Ostolaza, defensor de Carlos Montiel, rechazó la acusación formulada por el fiscal, hecha “de forma contradictoria”, y sostuvo que “una cosa es alegar y otra cosa es probar”. Por un lado, el defensor planteó la injusticia del proceso penal, ya que se violó la prohibición del doble juzgamiento, debido a que por el mismo hecho el juez de Instrucción de Concordia dictó la falta de mérito, y luego el juez federal de Concepción del Uruguay, con los mismos elementos, procesó al acusado. Luego, Ostolaza apuntó contra la veracidad del testimonio de la víctima, sobre quien dijo que “es una persona que puede fabular y mentir”, ya que fue variando en distintas declaraciones lo manifestado en la denuncia. Además, contrastó la versión de la joven sobre el engaño para ser prostituida, con los testimonios de su madre y su padrastro, quienes manifestaron que su hija sabía que iba a un prostíbulo de Concordia y que los acusados “estaban detenidos injustamente”: “O miente la joven o mienten las otras personas”, sostuvo Ostolaza. El abogado rechazó también la seriedad del informe psicológico que encuadra la situación de vulnerabilidad de la denunciante, ya que se trató de una sola entrevista. A su turno, Mario Franchi, defensor oficial de Susana Silva, adhirió a al planteo de su colega sobre el doble juzgamiento, y agregó que además de haber dictado la Justicia de Concordia la falta de mérito, sostuvo que ameritaba una investigación sobre la situación de Silva en el local El Desafío, y sobre las condiciones de vulnerabilidad social en que se encontraba, que no difiere de la situación de la joven que los denunció. Franchi afirmó que en los hechos juzgados no existió en ningún momento la privación ilegal de la libertad de la víctima, mucho menos por parte de Silva. Además, dijo que la acusación no precisó sobre qué hizo la mujer, más que acompañar a Montiel a buscar a la joven a Misiones en el auto. Por otro lado, sostuvo que no existió la retención de su DNI y pudo salir cuando y cómo quiso de la whiskería, cosas que no ocurren por lo general cuando hay delito de trata. También el defensor oficial remarcó el contraste entre los dichos de la víctima con otros testimonios y elementos de la causa, y sostuvo que la joven “al menos no dijo toda la verdad”. El abogado también cuestionó el informe psicológico, del cual dijo que se trató de “una entrevista de urgencia” con la denunciante, en la que “se enfatiza de modo categórico sobre su vulnerabilidad”, lo cual “es aventurado”. Ambos defensores pidieron la absolución de los acusados.