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a causa penal que lleva adelante el juez de Instrucción Alejandro Grippo por los abusos de menores cometidos en el Seminario de Paraná entre 1984 y 1993 podría encontrar un giro si la Procuración decide avanzar sobre los silencios de la cúpula eclesiástica. Hasta ahora, la causa acumula cinco denuncias de sendas víctimas de los abusos, atribuidos al cura Justo José Ilarraz, que entre mediados de la década de 1980 y principios de la década siguiente fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor, una escuela secundaria orientada al sacerdocio. Ilarraz tuvo a su cargo a los menores de primero y de segundo años, algunos de los cuales permanecían en calidad de pupilos en el Seminario de Paraná. No sólo eso: además, era su guía espiritual y en muchos casos, también el confesor. Las acusaciones dicen que usufructuando de esos cargos habría abusado de los menores puestos a su cuidado. La causa hasta ahora está caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, aunque podría incorporar, además, cargos contra la jerarquía católica de entonces, por no haber hecho la denuncia judicial cuando supieron de aquellos abusos. En ese caso, se verían seriamente comprometidos el arzobispo de entonces, el actual cardenal Estanislao Esteban Karlic, y el rector del Seminario, ahora párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Luis Alberto Jacob. Pero la lista podría ampliarse. La causa hasta ahora avanza sólo con la imputación a Ilarraz, sobre quien caen la mayoría de las pruebas. No sólo las víctimas han declarado en contra suya; también la Iglesia se ha pronunciado poniéndolo entre la espada y la pared, y ubicándose del lado de las víctimas. El 22 de septiembre, el arzobispo Juan Alberto Puiggari hizo conocer un documento en el que puso a toda la Iglesia a disposición de la investigación de la Justicia. A la vez, expresó el “profundo dolor y repudio por los gravísimos sucesos”, e hizo conocer su acompañamiento “a las víctimas y a sus familias y nos ponemos a su disposición”. Precisamente, la documentación que la Iglesia presentó al juez Grippo deja muchos puntos oscuros. Por ejemplo, luego de que en 1995 el arzobispo Karlic ordenara realizar una investigación diocesana tras escuchar el relato de las víctimas, no se impuso ninguna pena extrema a Ilarraz, se lo dejó seguir ejerciendo el sacerdocio, aunque se lo obligó a abandonar la diócesis. Y a pesar de los gravísimos hechos que se conocieron, no se llevó el caso a la Justicia. Uno de los instructores de la investigación, el cura Silvio Fariña Vaccarezza, es abogado. El 5 de julio de 1995, Karlic firmó un decreto por el que encomendó a Fariña Vaccarezza “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario. La tarea, le recomendaron al cura sacerdote debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia. Las víctimas que declararon en aquella investigación, lo hicieron con dos juramentos: decir la verdad, y guardar silencio. La estrategia judicial, que por ahora se centra en confirmar los cargos contra Ilarraz y sostener el testimonio de las víctimas –cuyo número podría ampliarse en los próximos días–, podría encaminarse hacia la evaluación del comportamiento de las autoridades de la Iglesia. “Por ahora, no queremos avanzar en el tema del encubrimiento. No quiero perder tiempo en ese terreno –dijo una fuente judicial–. La prioridad es avanzar sobre la base del testimonio de las víctimas; y sobre todo, el autor de los hechos. Todo lo demás puede venir después, más adelante”. En ese punto, la fuente explicó: “Lo importante ahora es avanzar en el análisis del accionar del cura. Aquí se trata de un accionar sistemático, institucional, por cuanto el cura tenía un deber positivo sobre estos chicos, ya que era educador. Y peleando contra la prescripción. Desde nuestro punto de vista, la prescripción recién opera a partir del momento en que la última víctima cumplió la mayoría de edad. Esa última víctima todavía no está individualizada. Por eso, decimos que es prematuro plantear la prescripción”. –¿Hay más víctimas? –Sí, sabemos que hay muchas más. Estamos esperando que aparezcan, que vengan y denuncien. –¿Por qué no se plantea también el delito de encubrimiento? –No, no nos interesa esa figura. Además, podríamos avanzar por el lado de la complicidad, que es un delito más grave que el encubrimiento. La jerarquía eclesiástica necesariamente debió estar al tanto de lo que ocurría en el Seminario. Claro, por ahora ningún cargo salpica a las autoridades de la Iglesia Católica, aunque tres arzobispos ya han sido citados a declarar: los eméritos Karlic y Mario Maulión, y el actual, Juan Alberto Puiggari. También deberá pasar por Tribunales quien ejerce las funciones de vicario general de la Diócesis de Concordia, Alfonso Frank. Esa sentencia El 18 de diciembre de 1996 el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic firmó un decreto sin número. Y “por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica” resolvió, luego de escuchar los testimonios de las víctimas de los abusos del cura Justo Ilarraz, prohibirle “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas, mientras el Tribunal del Vicariato de Roma sustancie el proceso y decida en el juicio que se le sigue a raíz de esta conducta”, dijo. “Esta conducta”, como dice el texto, surge de las declaraciones de las víctimas, que dejó demostrado “el daño producido a personas e instituciones”, se sostuvo. “Que ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios en forma unánime así lo afirman”. Pero ni los testimonios unánimes ni el daño producido a las víctimas fueron elementos de suficiente peso como para que las autoridades eclesiásticas gestionaran la reducción de Ilarraz al estado laical, ni para que el caso llegara a la Justicia.