F

inalmente este viernes la Justicia dispuso la citación a audiencias testimoniales a dos arzobispos, el emérito Mario Luis Bautista Maulión, y el actual, Juan Alberto Puiggari, en el marco de la causa penal que lleva adelante el juez de Instrucción Alejandro Grippo por las denuncias de abusos a menores en el Seminario de Paraná. Maulión asumió el gobierno de la diócesis el 9 de julio de 2003 y se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puiggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011. Por distintos caminos, uno y otro supieron de aquellos abusos denunciados por jóvenes que, en sus testimonios, acusaron al prefecto de disciplina del Seminario Menor entre 1985 y 1993, Justo José Ilarraz, ahora seriamente comprometido en la causa que lleva adelante el juez Grippo. Cuando ocurrieron los hechos, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer años, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos. Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la Curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán. De todos modos, la responsabilidad de cada uno quedará dilucidada a partir de los testimonios que brinden en el marco de la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, que ya recibió el testimonio de tres víctimas y varios testigos, y ahora se encamina a recibir, además, los testimonios de los dos arzobispos, Maulión y Puiggari, y también del otro arzobispo emérito, el cardenal Estanislao Esteban Karlic. La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz, era el actual párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Luis Alberto Jacob, también citado a prestar declaración en la Justicia; por debajo, y como directores espirituales, estaban el finado Andrés Emilio Senger, y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el ahora canciller de la Curia, Hernán Quijano Guesalaga. En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza, también designado oficial de justicia, y encargado de llevar adelante, en 1995, la investigación diocesana que encomendó Karlic después de escuchar a las víctimas de los abusos. De acuerdo a lo que se sabe, el caso estalló cuando una de las víctimas, que ya declaró en la Justicia, le comentó los pormenores de los abusos del cura Ilarraz a un bedel de ese momento, el actual sacerdote Pedro Barzán, ahora residente en Italia a partir de un permiso que le otorgaron en 2008. Barzán se lo comunica a su inmediato, Puiggari, y éste toma la decisión de poner en alerta al arzobispo Karlic. Claro que ninguno, ni Karlic, ni Puiggari ni Maulión, está obligado a estar de cuerpo presente en Tribunales. El Código Procesal Penal de la Provincia los releva de esa obligación, al incluirlos dentro de quienes tienen “tratamiento especial”. Por ser jerarquía eclesiástica, tienen que renunciar expresamente a ese privilegio e ir a declarar en forma personal. “Si no lo hacen optarán por declarar en su residencia oficial o por informe escrito, dejando constancia en este último que deponen bajo juramento o promesa de decir verdad; no pudiendo, en el primer caso, ser interrogados directamente por las partes ni por los defensores o mandatarios”, establece el Código. El caso estalló en forma pública el 13 de septiembre último, cuando la revista Análisis publicó en tapa la historia del cura Ilarraz y los abusos ocurridos en el Seminario, un asunto que hasta entonces se conocía sottovoce. La ventilación del escándalo movió a la Iglesia a aceptar rápidamente los hechos. A través de un documento –nunca, desde entonces, las autoridades eclesiásticas aceptaron hablar públicamente del asunto— señaló que “las últimas noticias periodísticas reavivan nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo, con su ejemplo y enseñanza”. Ilarraz, el acusado de los abusos, había ocupado puestos clave en la estructura de la Iglesia de Paraná. Nació el 9 de julio de 1958 y fue ordenado sacerdote en 1983, y a partir de entonces fue, además de prefecto del Seminario Menor, secretario privado de Karlic, promotor vocacional; asesor del Club Atlético Patronato, capellán del Colegio La Salle, y vice asesor de dos movimientos católicos, Cursillos de Cristiandad y la Acción Católica Argentina (ACA). También manejó durante casi una década la librería del Arzobispado San Francisco Javier. Dos años antes de que Karlic ordenara que lo investigaran, en 1993 el mismo arzobispo lo había autorizado a viajar a Roma, donde permaneció hasta 1997. El decreto N° 39/93 firmado por Karlic le permitió ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996. De modo que el sumario eclesiástico en su contra se llevó adelante sin que el principal involucrado tomara parte. No obstante, la Curia envió parte de los informes recabados de las víctimas a Roma, y allá no se tomaron medidas de trascendencia. Tampoco acá: a Ilarraz le prohibieron pisar suelo de la diócesis, y eso le abrió la puerta para que se radicara en otra diócesis, como de hecho ocurrió. En 2000, y luego de un período sabático, retomó el ejercicio sacerdotal, ahora en Tucumán, adonde estuvo en servicio hasta el 7 de septiembre último, cuando recién fue suspendido. Buscan saber cómo fue el manejo de subsidios El juez de Instrucción Alejandro Grippo hizo lugar a la petición formulada por los abogados querellantes Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, y ordenó librar un oficio a la Secretaría de Culto de la Nación para que informe el listado de dignatarios eclesiásticos que en el período 1985 a 1995 recibieron la pensión que corresponde a obispos y monseñores por aplicación de la Ley Nº 21.950. Se trata de una ley de la dictadura que todavía está vigente. El Estado, a través de esa norma, está obligado a pagar una asignación equivalente al 80% del salario de un juez de Primera Instancia –cuyo haber mensual es de alrededor de 18 mil pesos—y que reciben los obispos. “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”, dice el artículo 1º de una ley que firmaron el dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Karlic ha dicho expresamente que ha renunciado a cobrar esa remuneración que sí perciben otros obispos. De igual modo, los querellantes Baridón y Piérola quieren saber si en ese mismo período los seminaristas recibieron las asignaciones surgidas del Presupuesto Nacional de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 22.950. Esa ley, también de un gobierno de facto, esta vez de Reynaldo Bignone, creó un sistema de becas estatales a seminaristas, cuyo valor es equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la Administración Pública Nacional. Los abogados también solicitaron que el Consejo General de Educación (CGE) informe el listado de personal docente que entre 1985 y 1995 recibió subvenciones estatales de la provincia, como consecuencia del sistema de cofinanciamiento de la educación privada. En todos los colegios católicos, el Estado paga el salario docente.