E

l 25 de marzo de este año, una adolescente de 15 años falleció en Concepción del Uruguay, en un accidente ocurrido dentro de las instalaciones del boliche bailable, Frank Zappa. La joven cayó desde una altura de 6 metros y golpeó con su cuerpo contra un portón de metal. Falleció en horas del mediodía del domingo. A partir de allí, se reabrieron disputas sobre reglamentaciones y responsabilidades, así como un viejo encono entre los dueños del lugar y las autoridades municipales. En principio, la Justicia había clausurado el boliche, preventivamente. Pero luego la Comuna decidió avanzar en igual sentido. Tras las idas y venidas, en las que se incluyeron libramientos de actas que con un par de horas de diferencia, reconociendo la habilitación y contradiciéndolo después el 7 de septiembre el máximo estrado de la Justicia entrerriana le dio la razón a los empresarios. Al respecto, uno de los propietarios de FranK Zappa, Yari Seyler, señaló que “a pesar de lo resuelto por la Justicia local, y haciendo caso omiso a lo dispuesto por el juez de Garantías y Transición Nº 1, Mariano Martínez, la Municipalidad a través de funcionarios de Guardia Urbana y Tránsito, continuó labrando actas de constatación expresando que no contábamos con la correspondiente habilitación comercial por expresas órdenes de la Secretaría de Gobierno”. Asimismo, el empresario comentó que “son expresas órdenes del secretario de Gobierno, Agustín Bordagaray, ya que fue él mismo quien lo hizo público en los medios locales radiales”. En tanto, la Municipalidad, a través de su Secretaría Legal y Técnica que comanda Marcelo Fernández Rousseaux, apeló ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el fallo en su contra de la Justicia local, pero el máximo Tribunal le dio la razón a Frank Zappa, provocando otra derrota judicial a los abogados de la Comuna. En esa línea, el STJ, además de rechazar el recurso de apelación de la Municipalidad, destacó como “irregular” al “accionar” del Municipio, que “se revela inequívocamente” como “manifiestamente ilegítimo que vulnera e impide el ejercicio de los derechos fundamentales de la parte actora (los dueños del boliche) que emergen en su favor del precedente acto administrativo de habilitación comercial oportunamente dictado con observancia de los requisitos reglamentariamente exigidos para ello”. Ante esto, Seyler recalcó que la Justicia “dejó en evidencia, nuevamente, la mala intención y/o ineptitud por parte de algunos funcionarios públicos de turno, con la que se manejan frente a cuestiones relacionadas a nuestro emprendimiento comercial desde un principio”.