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uego de los entredichos entre las cancillerías argentina y uruguaya respecto a los monitoreos en la ex Botnia, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú emitió un comunicado en el que sostienen que “ya no bastan las palabras” y “es tiempo de actuar”. En ese sentido, la Asamblea hizo un raconto de lo acontecido en los últimos días, donde “las Cancillerías de Argentina y Uruguay han intercambiado comunicados de prensa respecto de la publicación de los resultados del monitoreo y los controles que se vienen efectuando en la planta de la pastera Botnia y en el Río Uruguay a través del Comité Científico que depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.). Asimismo, el gobierno uruguayo manifestó que estaba dispuesto a darlos a conocer y el argentino expresó su beneplácito por tal actitud pero envió a la prensa un extenso informe dando cuenta de los obstáculos, impedimentos e incumplimientos por parte del vecino país respecto del aludido monitoreo y las consecuencias de las irregularidades cometidas por la empresa e inclusive por funcionarios”. Asimismo, consideraron que “este ida y vuelta entre las Cancillerías pone al desnudo el fracaso de un modelo que, tal como lo denunciáramos oportunamente, lleva el germen de la decepción y la frustración. La Asamblea nunca aceptó el monitoreo, sin embargo, tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se acató dicho fallo que dispuso, entre otras cosas, el control continuo de la planta de Botnia (hoy UPM) y el sector circundante del Río Uruguay. De esta manera se propuso a la Cancillería argentina un plan de monitoreo que fue, lisa y llanamente, ignorado”. A su vez, remarcaron que "tras el acuerdo de los Presidentes y luego de los Cancilleres, se comenzó a implementar el monitoreo. Dos años después se pone de manifiesto, tardíamente, que las trampas y las zancadillas jalonan esta historia. Hoy está claro que el Uruguay ha violado, una vez más, el deber de buena fe y cooperación al que está obligado por tratados internacionales y por la sentencia de la Corte de La Haya en el caso Argentina vs. Uruguay; que el gobierno uruguayo y varios de sus funcionarios actúan como cómplices y encubridores de Botnia; que la empresa UPM-Botnia desarrolla, sistemáticamente, maniobras arteras para que no se sepa lo inocultable: que su actividad industrial es nociva para el ambiente; que el gobierno argentino no ha estado a la altura de las circunstancias pretendiendo dar por terminado el conflicto, encapsulando la protesta social, judicializando a muchos integrantes de la Asamblea Ambiental". De igual modo, consideraron que "en definitiva, los resultados que se pudieren conocer de los ingresos del Comité Científico a la pastera no serán ciertos, veraces ni confiables. Y por sobre todas las cosas, queda también en claro, una vez más, que Botnia contamina y que debe ser erradicada de la cuenca del Río Uruguay”. En tanto, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, indicaron que “así las cosas, el informe de la Delegación Argentina en la C.A.R.U. expresa lo que desde la Asamblea venimos denunciando y en los hechos, ratifica la coherencia, seriedad y responsabilidad que caracteriza a nuestra lucha. Hemos soportado dos años donde se nos condenó al silencio y al ostracismo, se negó nuestro derecho ciudadano al acceso a la información pública, se nos persiguió en la justicia, se nos dio la espalda negándose la Cancillería a recibirnos y se incumplieron sistemáticamente las promesas del gobierno”. Por ello, señalaron que “frente a esta penosa realidad, ya no bastan las palabras. Es tiempo de actuar. Reclamamos y exigimos que aunemos esfuerzos entre todos para que la posición de la Argentina sea una sola, denunciando ante los organismos internacionales las inacciones, trabas e irregularidades cometidas por el gobierno uruguayo y la empresa UPM-Botnia en el monitoreo y control de esta pastera y del Río Uruguay". En esa línea, pidieron que "la Cancillería nos reciba, urgente, en audiencia y que se acuerde una agenda de trabajo en común entre la Cancillería y la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú". Además, solicitaron que "todos y cada de uno de los funcionarios argentinos que tienen conocimiento político y/o científico sobre el accionar del Uruguay en el seno de la C.A.R.U. y en el Comité Científico, se presenten ante el Juez Federal de Concepción del Uruguay para brindar testimonio ante el magistrado en la causa penal que allí se tramita contra Botnia por tentativa de contaminación”.