P
ara la firma “existen medidas judiciales vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable”. En Gualeguaychú, donde se dio un caso similar de vecinos que reclamaron por los incrementos en el abono, irán a la Justicia con el mismo reclamo que Paraná. La empresa Cablevisión fue categórica: seguirá emitiendo las facturas como lo venía haciendo pese a tener un fallo en su contra dictado por la Cámara Federal de Apelaciones ante una medida cautelar interpuesta por la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, para que se respete la tarifa establecida por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Motivos de la empresa para seguir cobrando los aumentos que dispuso: “Existen medidas judiciales vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable”. En un comunicado oficial la firma operadora de cable del Grupo Clarín sostiene que “la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) obtuvo el 1 de agosto de 2011, una medida cautelar dictada por una Cámara Federal, que suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión S.A.) los efectos de la Resolución 50/2010 y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada, en todo el país”. Ante esto –entienden– “la fijación del precio del abono de televisión por cable está firme y es legítimo, no sólo para Cablevisión sino para todos los cableoperadores de la Argentina que son socios de la ATVC”. La entidad notificó mediante carta documento, a las oficinas municipales de Defensa del Consumidor sobre la existencia y vigencia de la medida cautelar, ya que la misma prevé que “deben suspenderse las tramitaciones de los expedientes relacionados con las Resoluciones citadas emanadas la Secretaría de Comercio Interior”. En la demanda se solicitó la nulidad de los aumentos del abono básico mensual a partir del 1 de febrero de 2011 por considerarlos “arbitrarios, ilegítimos e inconstitucionales, toda vez que vulneran los derechos de los consumidores y usuarios al desobedecer las resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Interior”. Lo cierto es que la controversia no tiene una sentencia definitiva. Es que la empresa puede impugnar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, una vez que sea notificada formalmente de la demanda y se constituya como parte en el expediente principal, Cablevisión podrá también cuestionar la legalidad de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior y la validez de presentación de Osuna invocando la representación de derechos de incidencia colectiva de los ciudadanos paranaenses. Por los mismos días en que la Municipalidad de Paraná presentara la medida cautelar para la “cesación inmediata” de los aumentos del abono básico y la devolución de las sumas mal cobradas, en Gualeguaychú sucedía algo similar. Pero en aquella ciudad se optó por la vía administrativa para intimar a Cablevisión. Los motivos eran los mismos: usuarios se quejaron por la aplicación del incremento en el abono. La firma del Grupo Clarín respondió que lo requerido por el municipio a través de la Dirección de Defensa del Consumidor “quedaba en el aire” porque “hay una medida cautelar que suspende la resolución del organismo nacional sobre el tema”. El titular del organismo municipal, Luciano Pablo, rechazó la apelación y le abrió un sumario con el objetivo de cobrar una multa. Lo hizo bajo el amparo de la ordenanza Nº 11.648 aprobada en diciembre pasado y que le otorga a la Dirección “la competencia legal y efectiva” de controlar y castigar a quienes se encuentren en infracción y garantizar a los consumidores “la posibilidad de elegir variedad de productos y servicios a precios justos”. Ante la imposibilidad de un acuerdo por la vía administrativa y con la el fallo de la Cámara Federal de Paraná, el municipio de Guleguaychú recurrirá a los tribunales. “Estábamos esperando lo que sucediera en Paraná, pero ya hace unos días veníamos trabajando en la presentación en la Justicia”, contó el funcionario. Intervención de la Provincia La Dirección de Defensa del Consumidor de Entre Ríos también se involucró en el conflicto. Días después de la presentación por la Municipalidad de Paraná, intimó a Cablevisión SA que “cese de cobrar y/o exigir el pago de una tarifa por el abono básico del servicio de televisión paga a todos los domiciliados dentro del territorio de la provincia que sea distinta a la establecida por el mecanismo y montos fijados”. En la resolución Nº 0386 –con la firma del titular del organismo provincial Juan Carlos Albornoz– también se le exigió a la empresa operadora de cable a que se “abstenga de emitir facturas” con tarifas “superiores” a las establecidas por el organismo que conduce Guillermo Moreno.