Sábado 25 de agosto de 2012
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Economía
Gremios entrerrianos piden un salario mínimo de $3500
El martes se reunirá el Consejo del Salario. Fue convocado por el Ministerio de Trabajo. El sueldo mínimo, vital y móvil se ubica en $2300. El ofrecimiento de incremento del gobierno rondaría el 25%. Discutirán el impuesto a las ganancias.
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Gálligo pidió “3500 pesos iniciales para cualquier trabajador”.

E

l Ministerio de Trabajo convocó para el martes 28 al Consejo del Salario. Representantes del Estado, más 16 delegados gremiales y otros 16 en nombre de las cámaras empresariales, discutirán la elevación del salario mínimo, vital y móvil que hoy se halla en 2300 pesos. En ese sentido, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Entre Ríos, Cristian Mayor, indicó que el 25 por ciento que trascendió por parte del Gobierno como índice para elevar el tope a 3000 pesos “es razonable”; no obstante aclaró que “3500 pesos es lo ideal”. De igual modo se pronunció el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos, Luis Gálligo, quien aclaró que “no hay que hablar de porcentajes sino de sumas”. Al respecto, arriesgó que deberían ser “3500 pesos iniciales para cualquier trabajador”, lo que significaría alrededor de un 50 por ciento de incremento. A su vez, el referente de CTA entrerriana destacó que “se pueda reunir el Consejo del Salario es importante”. En esa línea, sugirió “sacarle el jugo al encuentro lo que más se pueda”. Asimismo, sobre el impuesto a las ganancias, sostuvo que quieren que "desaparezca o que por lo menos lo eleven en un porcentaje importante”. E indicó que tras las paritarias “mucha gente ha ingresado a la cuarta categoría del impuesto”. En tanto, Gálligo graficó que "en promedio los estatales cobramos entre 2500 y 3000 pesos y en el sector privado entre 5000 y 6000 pesos. Cualquier recuperación salarial supera la básica categoría”. Por ello, reclamó “que se vaya aplicando una política para que el impuesto para los trabajadores tienda a desaparecer o que se eleve la cuarta categoría. Por su parte, Mayor consideró que “no está claro qué representación es legítima para el Estado. Lo dirimirá el Ministerio de Trabajo”. Pero, consideró que “lo que pasa a nivel nacional no es la realidad territorial de las provincias”.
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